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Las comunicaciones, factor clave para el avance de la humanidad
Comenzarán a tributar el 3% de sus ventas digitales en el país a partir del próximo 16 de enero. La ‘tasa Google’ y la Ley de Servicios Digitales añaden presión a los líderes de la Red
En estos momentos el 90% de la población mundial cuenta con cobertura de banda ancha móvil. Sin embargo, la UIT -organismo de la ONU especializado en telecomunicaciones- recuerda que este dato no supone que todas las personas tengan acceso a la tecnología en igualdad de condiciones, lo que sigue siendo un freno para el desarrollo social y económico del planeta.
La tecnología ya se ha convertido en la base de cualquier tipo de actividad y, por lo tanto, en un factor clave para el avance de la humanidad. Cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas en 2015, con tres objetivos básicos como son erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y solucionar el cambio climático, tienen en la tecnología un acelerador común.
Así, la tecnología ha hecho posible el acceso a nuevos servicios financieros digitales, que permiten a muchas personas formar parte de la actividad económica. También facilita el acceso a la información, a servicios de la salud, a la educación, a oportunidades empresariales y laborales para la mujer, mejora la gestión de la energía y de los recursos naturales…
Un buen ejemplo del avance promovido por el sector de las telecomunicaciones es la banca móvil en el continente africano, donde hace más de una década Vodafone empezó a ofrecer servicios de banca digital, siendo después seguido por Orange con su propio planteamiento. Hoy en día, ese tipo de servicios móviles permiten a los residentes enviar y recibir dinero entre ellos, realizar pagos comerciales, acceder a créditos, beneficiarse de subsidios públicos y de servicios relacionados con la salud. Todo eso en un vasto continente que carece de una red de oficinas como las que conocemos en Europa.
Además de lo anterior, de acuerdo con el Ericsson Mobility Report, la aplicación de las tecnologías más innovadoras también podría ayudar a reducir los gases de efecto invernadero hasta un 15% en 2030, lo que supondría eliminar la huella de carbono actual de la Unión Europea y Estados Unidos.
Las empresas del sector TIC han realizado una fuerte inversión en I+D+i para lograr democratizar la tecnología, logrando que las tendencias más avanzadas estén al alcance de una gran parte de la población, tanto en precio como facilidad de uso. Nadie puede poner en duda que la parte más positiva de la globalización, en la que todas las personas tienen acceso a la misma información y los mismos recursos para formarse, comunicarse, hacer negocios o cuidar de su salud y de su entorno, es hoy posible gracias al avance que ha experimentado la tecnología en los últimos 20 años, haciendo posible un progreso social y económico sin precedentes. Sin embargo, a pesar de esta disponibilidad tecnológica, aún no está todo hecho. Una gran parte de la población mundial, hospitales o escuelas siguen sin tener acceso a estas herramientas, lo que les impide progresar y obtener los beneficios que proporcionan.
Para que estos avances se materialicen y comiencen a dar frutos concretos es necesario contar con el apoyo, principalmente, de los gobiernos, pero también de reguladores, asociaciones multisectoriales, organismos de normalización, empresas, inversores y universidades y ONGs, a fin de superar algunas barreras que ralentizan su progreso, tales como: Legislaciones restrictivas que no fomentan el uso, desarrollo e implantación de tecnologías y aplicaciones tanto a nivel de
infraestructura como comercial y de usuario final.
También habría que tener en cuenta una falta de políticas de colaboración público-privada dirigidas a estimular la innovación y el crecimiento de las empresas. Por otro lado, la interoperabilidad de las tecnologías, que se soluciona mediante el desarrollo y fomento de estándares, que además ofrecen protección ante distintos riesgos. Al mismo tiempo, hay una escasez de inversión en infraestructuras físicas preparadas para el uso de estas nuevas tecnologías. De nada sirve la disponibilidad de banda ancha móvil si escuelas, hospitales, organismos o empresas no están conectados. También faltan planes de apoyo a startups capaces de desarrollar aplicaciones focalizadas en las necesidades locales.
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A todo lo anterior habría que sumar la inexistencia de planes de formación sobre tecnología dirigidos tanto a usuarios como a profesionales con el objetivo de que puedan sacar todo el partido a las soluciones disponibles.
Muchos y muy variados son los centros de poder que tienen influencia a la hora de impulsar el proceso de transformación social a través de la adopción de las nuevas tecnologías, pero sin un marco legislativo adecuado que contemple medidas de apoyo financiero y fiscal, que agilice la asignación de espectro, que facilite la instalación de las infraestructuras físicas necesarias y que fomente la actividad de proveedores de servicios y desarrolladores de aplicaciones, ni empresas, ni organismos, ni personas van a ser capaces de aprovechar las oportunidades y beneficios que nos ofrecen las nuevas tecnologías.
Por otro lado, la puesta en marcha del Plan de Recuperación aprobado recientemente por la Unión Europea supone una oportunidad excelente para abordar los múltiples desafíos relacionados con el desarrollo sostenible. Se trata de 1,8 billones de euros dedicados, en gran medida, a la investigación, innovación, transición climática y digital, protección de la biodiversidad e igualdad de género.
La tecnología tiene un poder transformador, lo que la sitúa en el centro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicados por la ONU, así como de los recogidos en el Plan de Recuperación de Europa. Para todos ellos la tecnología tiene una respuesta. Impulsando su implantación se promueve el progreso del mundo y la mejora en las condiciones de vida de la población. Por ello, debería dejar de considerarse como un bien comercial más para convertirse en un derecho fundamental de las personas.
Los colosos online comienzan el año con novedades normativas por partida doble: por un lado, se someterán durante los próximos meses a la regulación comunitaria de servicios digitales (Digital Services Act, DSA) y, al mismo tiempo, también se someterán al denominado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, gravamen que comenzará a aplicarse en España a partir del próximo 16 de enero.
Por unas leyes o por otras, Google, Facebook, Amazon o Apple tendrán motivos para incomodarse y para situar a España en su listado de mayores recaudadores, junto con Francia, Reino Unido e Italia, países en los que se aplica la denominada tasa Google. Se trata de un impuesto indirecto que afectará a las grandes compañías con actividades online, con ingresos superiores a los 750 millones de euros al año, y de los que -al menos- 3 millones de euros anuales procedan de servicios digitales.
Tal y como se aprobó tras el trámite parlamentario del pasado otoño, el impuesto exigirá un tipo impositivo del 3% sobre el total de las ventas online, con una liquidación trimestral. En caso de infracciones, las sanciones previstas alcanzarán el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 400.000 euros, por cada año natural en el que se haya producido el incumplimiento. Por lo pronto, la normativa excluirá de los pagos a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas emergentes (startups), ya que podrían resultar desproporcionados.
A lo largo de su tramitación, el Gobierno español reconoció que las actuales normas relativas al im
puesto sobre Sociedades ya no resultaban apropiadas para gravar los beneficios generados por la digitalización de la economía. Y por ese motivo, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez puso en marcha una revisión de las actividades relacionadas con los datos y que se escapaban de las garras del fisco.
En el preámbulo de la nueva ley, el Ejecutivo ya asumía que la fiscalidad internacional se basaba históricamente en la presencia física, pero sin aplicación posible sobre en modelos de negocio basados en activos intangibles, datos y conocimientos. Entre las lagunas legales detectadas destacan las dificultades para aplicar la tributación de sociedades a las empresas que prestan servicios digitales en un país sin estar físicamente presentes en él. También existen problemas para “impedir la deslocalización de activos intangibles a jurisdicciones de escasa o nula tributación”, y tampoco reconocen el valor de los datos generados por los usuarios en sus actividades online. “Todo ello provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el sitio donde las empresas tributan”, asumen.
La nueva ley española se adelanta a las decisiones que en el mismo sentido pueden acordarse en el seno de los países de la OCDE. La solución que previsiblemente se adoptará de forma globalizada entre los países más desarrollados del mundo consistirá “en una revisión del concepto de establecimiento permanente (digital) que permitiera asignar la parte del beneficio obtenido por la empresa al valor derivado de los datos y contribuciones de los usuarios al país del que emanan o en el que se encuentran esos datos y esos usuarios”. En ese sentido, los países están llamados a fiscalizar la actividad económica de los servicios digitales en los cuales existe una participación de los usuarios, los cuales generan valor con sus datos a las empresas que inmediatamente los monetizan.
Los servicios digitales sujetos a tributación se limitan a la publicidad en línea, intermediación online y transmisión de datos, recopilados acerca de los usuarios. Para despejar la incógnita de la ubicación y que las multinacionales no puedan escurrirse, el legislador determina que, en el caso de los servicios de publicidad en línea, se marcará como rasero geográfico el momento en que la publicidad aparezca en el dispositivo de ese usuario. En los servicios de intermediación online, se mirará que las entregas de bienes o servicios se lleven a cabo en un determinado ámbito territorial, o el país en el que se hayan generado los datos.
Por otra parte, las nuevas normas comunitarias sobre los servicios digitales se han marcado tres grandes objetivos: proteger mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales online; establecer un marco de transparencia y rendición de cuentas para las plataformas online; e impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único. Según explican fuentes de la CE, las nuevas normas facilitarán la expansión de las plataformas más pequeñas, las pymes y las empresas emergentes. Además, se busca un equilibrio de responsabilidades para situar a los ciudadanos en el centro de todos los intereses.
En la consulta pública promovida por la Comisión Europea sobre la DSA participó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que considera que la normativa “se centra en exceso en el cómo y sobre todo en el quién intervenir, en vez de en cuándo se debe intervenir”, para así solicitar una mayor definición y concreción de los problemas en los mercados digitales.
La inminente entrada en vigor en España del denominado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, también conocido como tasa Google, situará al país desde la próxima semana en un listado maldito fiscalmente para Estados Unidos, en el que ya se encontraba Francia y el Reino Unido, y al que en breve se sumará Italia. Todos estos mercados han desafiado al Gobierno estadounidense con un impuesto que golpea las cuentas de sus grandes tecnológicas norteamericanas, adelantándose a una decisión que previsiblemente se acordará en la Unión Europea, así como en los países del G-20 y la OCDE.