Intereses e interesados pueden truncar la exitosa liberalización de la alta velocidad española

Durante las últimas semanas hemos visto cómo el ministro de Transportes, Óscar Puente, fraguaba una intensa batalla dialéctica contra los representantes de la operadora francesa SNCF y su filial española Ouigo a costa de los precios que esta compañía ofrece en las rutas de alta velocidad y sus continuas reclamaciones para que se reduzcan los cánones que abonan. Las muchas aristas del debate dejan tras de sí un sinfín de polémicas estériles que no permiten ver el bosque. Si bien las formas del ministro Puente, participando en un cruce de acusaciones, no parecen las más correctas para un representante público; la postura de Ouigo de reclamar que se reduzcan estos costes contrasta con la actitud de su matriz en su país de origen, Francia, que posee los cánones más altos de la Unión Europea y, para más inri, lleva sus políticas proteccionistas hasta el extremo de impedir la competencia de sus rivales en sus vías.

Lo único que queda claro en esta guerra de bandos es que los intereses de cada uno de ellos son muy distintos. Queda por saber cuáles son los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que muy oportunamente y apenas tres meses después de dar su visto bueno a los cánones propuestos por Adif, optó por enmendarlos con una propuesta que ya habíamos visto antes, y que se parece mucho a la que Ouigo e Iryo encargaron diseñar a una famosa consultora de ese conglomerado conocido como big four. Si la CNMC está para velar que se garantice y respete la competencia en el mercado, tendrá que dirimir si actuar a pérdidas de manera continuada entra en ese criterio. Ouigo, de su lado, se defiende y asegura que este año las cosas irán mejor, aunque de 2023 también esperan otro agujero en unos números rojos que ya superan los 90 millones. Es cuestión de días o semanas que el Gobierno presente su reclamación a través de Renfe, cuestión aparte es que Competencia vea algo de ‘dumping’ en un mercado en el que otro competidor que recela del bajo coste, como Iryo, ha optado por bajar sus precios al nivel de su rival durante la temporada baja para no perder cuota de mercado.

Puente asegura defender el interés de la empresa pública, que en tiempos de liberalización queda desdibujada ante los intereses privados de sus rivales, que de privados tienen más bien poco. El Estado francés, y por tanto sus ciudadanos, están subvencionando los billetes bajos de los españoles en un intento por quedarse una parte de su mercado. El modelo semipúblico de Iryo tampoco le exime de esta condición. Queda por descubrir si los intereses de las empresas públicas, del regulador independiente y del mercado pueden ser compatibles con el interés general de las arcas públicas de Adif o de los viajeros españoles. De momento, las injerencias de unos y otros parece que no lo permitirán.

■ La sucesión de injerencias de los actores vinculados a la liberalización están truncando un proceso hasta ahora exitoso ■

* Rectificación: En la página 9 del artículo El sector del autobús activa la cuenta atrás para su histórica renovación publicado en el pasado número de esta revista se asignaron erróneamente unas declaraciones sobre la liberalización del sector del autobús a Patricia Miranda, directora jurídica de Ouigo, que en realidad pronunció Florent Bannwarth, portavoz de BlaBlaCar en España. Ouigo no se pronunció explícitamente a favor de la liberalización. Tras constatarse el error, esas declaraciones fueron corregidas en las ediciones digital y papel del artículo.