Los empresarios temen que el cambio político tenga efectos irreversibles
Las pymes podrían perder poder adquisitivo con el aumento de tasas o la creación de gravámenes La reversión de contratos municipales generará inseguridad jurídica y repelerá inversiones
Los empresarios están más que molestos por la llegada de candidaturas populares afines a Podemos a los dos Consistorios más grandes del Estado: Madrid y Barcelona. Es más, buena parte de estos advierten de las consecuencias irreversibles que podría traer el cambio. La banca, principal acreedor de la deuda de ambos Ayuntamientos, teme que la renegociación suponga finalmente una quita. También preocupa la inestabilidad a las constructoras, empresas que ya advierten de que “inversores de calidad” han comenzado a paralizar grandes proyectos en un momento en el que se empezaba a respirar tras años de asfixia.
Pero la preocupación no se limita sólo a las grandes empresas. Según afirman distintos expertos consultados por elEconomista, la pymes y micropymes también están en vilo por una posible subida de tributos. Es el caso, por ejemplo, de que se implantaran o incrementaran las tasas por uso del suelo público, lo que no sólo afectaría a los dueños de los cajeros automáticos, sino también a las terrazas de bares y restaurantes. En esta línea, también supondría un varapalo a las clases medias la oferta de alquileres más bajos, ya que esto finalmente abarataría el precio de las viviendas en propiedad. Revertir contratos No obstante, es la inestabilidad del marco jurídico la que podría dañar, en mayor medida, los balances de las empresas. El programa de Ahora Madrid incluye la realización de una auditoría de los contratos vi- gentes para revertir, en la medida de lo posible, la externalización de servicios municipales. Más allá de los actores implicados en esta ecuación, el problema de este paso es la desconfianza jurídica que podría ahuyentar a los inversores.
Por lo pronto, entre Madrid y Barcelona sobrevuelan propuestas de proyectos urbanísticos por valor de 14.000 millones de euros. Entre estos estarían el Proyecto Canalejas, Operación Chamartín o Campamento, así como la reforma de Fe- ria de Barcelona o la del Camp Nou y alrededores. Según fuentes consultadas por este periódico, las conversaciones están actualmente paralizadas a la espera de los pactos que hagan posible la gobernabilidad de los ayuntamientos. En esta carrera no ayudan algunas de las propuestas del cambio ,como la lanzada por Ada Colau de implantar una divisa para Barcelona, una medida que suscita dudas sobre su legalidad.
También recogen con mucha prudencia el momento político las patronales eléctricas o gasísticas. Las asociaciones se manifiestan intranquilas, pero prefieren no explicitarlo. El entorno se pregunta cómo se pagarían los suministros básicos a gente sin recursos o de dónde se sacaría la financiación para impulsar el autoconsumo energético, unas propuestas que hasta ahora tildan de “poco concretas”. Por otra parte, buena parte de los empresarios confían en que las ideas más radicales finalmente no lleguen a buen puerto tras la corrección y demandas de los partidos llave. Es el caso de la banca y de una de las ideas estrellas manifestadas en campaña por ambos programas: el examen de la deuda. El sector teme que una auditoría de ésta conlleve una quita de los préstamos. Aquí conviene recordar que, en el caso de Madrid, la banca se juega unos 5.000 millones de la deuda total, que asciende a 5.936 millones. El sector, sin embargo, sí que haría ciertas concesiones en vivienda social como elevar el número de inmuebles destinados a su cartera social. No obstante, su línea roja sería la de aceptar tasas o sanciones por poseer un número elevado de casas vacías.