La banca confía en que la oposición modere los planes de Carmena y Colau
La medida que más rechazo causa al sector es una quita de la deuda en Madrid
Los ataques e insultos de Ada Colau en el Congreso en 2013 al ahora secretario general de la patronal de la banca, Javier Rodríguez Pellitero, están presentes en el recuerdo de los principales responsables del sector financiero español. La entonces presidenta de la Plataforma Antidesahucios y hoy más que probable alcaldesa de Barcelona llamó “criminal” al directivo de la AEB.
En la memoria de las entidades están estas declaraciones, que ven con preocupación la llegada al poder municipal de Colau en la Ciudad Condal y de la líder de Ahora Madrid, Manuela Carmena, en la capital. Pero, pese al miedo existente, los bancos tienen la esperanza de que los programas de ambas no se lleven a la práctica, por la imposibilidad de su aplicación y el freno que se haga de la oposición a estos gobiernos en minoría a medidas poco ortodoxas. La banca confía en el papel determinante del PSOE, Ciudadanos e, incluso, ERC, para parar iniciativas que, a su juicio, provocarían consecuencias irreparables.
Aunque de manera pública los banqueros apenas se han pronunciado y en general muestran cautela ante los programas de Ahora Madrid y Barcelona en Comú, plataformas en las que se integra Podemos, de manera privada reconocen el miedo que suscitan algunas de las propuestas. La que más rechazo provoca en este colectivo es la posibilidad de que una auditoría de la deuda conlleve una quita de los préstamos, tal y como pretende Carmena para el Ayuntamiento de la capital española. “Sería un varapalo a la confianza y la estabilidad”, sostienen en el sector, que aún así esperan cierta cordura en las políticas que finalmente salgan adelan- te. La banca se juega en Madrid unos 5.000 millones de euros y espera que, al igual que el Gobierno griego de Syriza, se aparque esta idea, que provocaría una huida de los inversores extranjeros de nuestro país por el efecto contagio.
Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Ésta es una de las frases más repetidas en el sector. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, consideró públicamente esta semana que “hay que dar tiempo al tiempo”.
Pero lo que tienen claro es que las medidas que se pongan en marcha y la legislación que se aplicará en ambos ayuntamientos tendrá un tinte mucho más social, que afectará sobre todo a cuestiones relacionadas con la vivienda, a su par- que de inmuebles y a la política sobre desahucios. Sobre esta materia el sector se muestra menos preocupado, porque ya no se practican desalojos a familias en riesgo de exclusión social desde hace tiempo y porque todas las entidades cuentan con pisos destinados al alquiler social para hogares necesitados.
Partidarios del entendimiento
En este sentido, se muestran dialogantes y esperan que pronto se inicien reuniones para poder alcanzar acuerdos razonables. Por eso el presidente del Sabadell, Josep Oliu, señaló el miércoles que quería conocer a Colau en su faceta institucional después de calificarla de personaje “conocido” y “folclórico”.
Todas las entidades están dispuestas a tender puentes y elevar el volumen y las condiciones de los inmuebles de la cartera social y recuerdan que han renegociado una cantidad importante de préstamos hipotecarios para aliviar la carga de las familias con dificultades a lo largo de la crisis.
Los bancos son conscientes de que los desahucios son un asunto sensible, que ha dañado sustancialmente su imagen, por lo que se abren a una colaboración más estrecha con las administraciones públicas. Pero, como en el resto de propuestas, las entidades no quieren oír ni hablar de tasas a casas vacías como se pretende ni de sanciones, porque sería no sólo un retroceso para la recuperación de su percepción pública, sino también un coste que perjudicaría la mejora de la rentabilidad.
Sobre esta cuestión, una de las preocupaciones del sector se centran sobre la Sareb, el denominado banco malo, ya que un impuestos especial o multas retrasaría su plan de registrar una cuenta de resultados positiva.
Las entidades se abren a concesiones en vivienda social, pero rechazan tasas sobre pisos vacíos