La gestión privada de los servicios de agua, energía y residuos, en el alero
Las patronales manifiestan su intranquilidad, pero prefieren no explicitarlo
El éxito electoral obtenido por las plataformas ciudadanas de Ahora Madrid y Barcelona en Común en las ciudades citadas puede provocar un vuelco en los servicios de energía, agua y recogida de residuos. Las dos plataformas buscan garantizar los suministros básicos a los insolventes, con mayor énfasis al problema de la pobreza energética, y quieren hacerlo de un modo muy similar.
En ambos casos se otorga preponderancia al sector público en dichos servicios, si bien mientras que el programa de la formación encabezada por Manuela Carmena, plantea “la elaboración de una hoja de ruta para la remunicipalización de los servicios públicos”, la de Ada Colau deja la remunicipalización para los servicios de agua, y en los demás subraya que “los entes públicos deben primar su autoridad ante empresas privadas que prestan servicios de interés general”.
El planteamiento alarma a las empresas y sus patronales, pero, prudentes y temerosas, casi ninguna se atreve a pronunciarse claramente sobre el asunto, y subrayan que las plataformas ciudadanas aún no gobiernan ambos municipios. Impuestos a la energía Ahora Madrid quiere promocionar las energías renovables y la autosuficiencia energética de la ciudadanía. Para ello establecerá nuevos impuestos, que no afectarán a las fuentes verdes y que crecerán en función de la contaminación que emitan las demás. Luchará contra la pobreza energética “demandando” una reducción del tramo fijo de la factura eléctrica de la población pobre y “evitando” el corte de suministro por impago.
Barcelona en Común también aboga por establecer nuevos impuestos a las compañías eléctricas, en este caso por la ocupación del espacio público, y por lanzar “proyectos piloto” con comercializadoras de energías renovables. Para luchar contra la pobreza energética creará un fondo de cinco millones de euros.
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha declinado hacer valoraciones, indicando que se pronunciará ante medidas concretas, no ante propuestas electorales. Tampoco la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha querido hacer algún comentario.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa), por su parte, se ha limitado a recordar que siempre ha reclamado a todas las fuerzas políticas, con independencia de su tendencia, que apoyen a las fuentes limpias. Auditoría ciudadana del agua Las dos formaciones políticas quieren auditorías. En Barcelona para fiscalizar los beneficios obtenidos por las empresas -también en el sector energético- y en Madrid para promover un debate público, tras la creación de un observatorio del agua, que ejerza labores del control. Colau también pretende introducir tarifas “más justas” e iniciar es-
Casi todos subrayan que las plataformas ciudadanas aún no gobiernan en Madrid y Barcelona
tudios para remunicipalizar los servicios. En la capital, el Canal de Isabel II es una empresa pública, y Carmena aboga por optimizar las infraestructuras para evitar pérdidas y mejorar el servicio.
Ni la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas) ni la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua (Aga) han querido hacer valoraciones. Sí lo ha hecho la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas); su Gerente, Luis Babiano, lo ve “positivo” y augura que los planteamientos de las dos plataformas “van a contagiar al resto de la política”. Gestión de residuos Aunque Barcelona en Común aspira a que la gestión de residuos sea un motor para el empleo, poco plantea, aparte de revisar las cláusulas de los contratos vigentes. Ahora Madrid sí desarrolla cinco puntos para un plan de gestión de residuos integral y eficiente. La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), por boca de su presidente, Francisco Jardón, considera la situación “alarmante”, pero prefiere esperar a que se asienten las aguas para valorarla mejor.