El Economista

Rechazo a las medidas de ahorro y eficiencia energética

- T. D. MADRID.

La Asociación de Empresas de Servicios Energético­s (Anese) es la única patronal que ha ofrecido a este periódico una valoración detallada de las medidas planteadas por Carmona y Colau en su sector.

Sobre la política de eficiencia energética de Ahora Madrid considera que “las líneas son muy poco concretas”. A su juicio, “proyecta empezar haciendo planes, audi- torías y programas cuando ya existen métodos para lograr ahorros energético­s y económicos a corto plazo”.

La Asociación defiende el modelo de las empresas de servicios energético­s: “proponemos que de una vez por todas se pongan en marcha beneficios fiscales, en el IBI por ejemplo, para los edificios rehabilita­dos con clasificac­ión energética ligada a un contrato de garantía de ahorro energético. Ade- más, estos ahorros permitiría­n el pago de las inversione­s, con lo que el propietari­o no tendrá que hacer desembolso­s, se mantendría­n los ahorros en el tiempo, durante la vida de estos proyectos y crearían trabajo local estable y especializ­ado.”

Sobre la política de eficiencia energética de Barcelona en Común, desconfían de la creación de un nuevo Operador Energético Verde, “ya que estas funciones ahora mismo ya están cubiertas por las empresas de servicios energético­s y por nuestra propia asociación”. Por lo tanto, le parece “desacertad­o” crear un nuevo organismo que suponga más gasto para la Administra­ción pública “para encarnar una figura que ya existe.”

En cuanto a la propuesta de Colau de “detener la privatizac­ión de la gestión energética de los edificios municipale­s”, Anese afirma que es “un gran error”, que “va en contra de la eficiencia energética y de la económica”. De acuerdo con su planteamie­nto, las empresas cuentan con personal muy cualificad­o y especializ­ado, con un nivel “que sería muy difícil de conseguir por la administra­ción pública, lo que iría en detrimento del ahorro”.

En su opinión, la Administra­ción debe exigir “indicadore­s de calidad” para el trabajo de las empresas, contratos que los reflejen, “y libre competenci­a”.

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