Empleo refuerza las ETT y destina 42 millones a las agencias de colocación
Aprueba la autorización única y sin límite temporal en todo el territorio español
El Gobierno dio ayer un paso para potenciar la actividad de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), al aprobar la autorización administrativa única para todo el territorio nacional de la autorización para el funcionamiento de estas sociedades, que tampoco necesitará de prórrogas o renovaciones, al concederse sin límite de duración temporal.
Ésta es la consecuencia principal de la aplicación del Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros para regular el régimen de autorización y la actividad de las ETT, que pretende adecuar la normativa actual a los cambios introducidos por la Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de 2014, además de implantar la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo sobre las empresas de trabajo temporal.
De esta forma, la autorización administrativa de las ETT tendrá eficacia en todo el territorio nacional y se concede desde el primer momento sin límite de duración temporal. Así, el real decreto, que ha sido consultado a las comunidades autónomas, precisa que la autoridad laboral competente para conceder la autorización será la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando la ETT tenga inicialmente centros en dos o más comunidades, o la autoridad laboral de la comunidad autónoma, cuando solo tenga centros de trabajo en una de ellas.
También se regula el procedimiento que ha de seguirse para obtener la autorización para actuar como ETT, procedimiento que tendrá un plazo máximo de un mes, transcurrido el cual sin resolución expresa la autorización se entende- rá concedida por silencio administrativo positivo.
La nueva norma introduce también la creación de una base de datos central de empresas de trabajo temporal, que será gestionada por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y que permi- tirá disponer de información centralizada de todas las ETT autorizadas en España y de sus principales datos de actividad.
El Real Decreto ha sido duramente criticado desde el sindicato UGT, al entender que “insiste en la precarización de las relaciones labora- les”, además de facilitar de manera desmedida la expansión de las empresas de trabajo temporal.
En una reunión del Gabinete con marcado contenido laboral, el Gobierno aprobó también un contrato del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las agencias privadas de colocación para que colaboren en la inserción de personas desempleadas.
El contrato contará con un presupuesto de 41,7 millones de euros, de los que 5 millones se aportarán en 2015 y 36,7 millones en 2016, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez explicó que supone “un impulso a la intermediación laboral aprovechando los beneficios de la colaboración público-privada.
Los sindicatos y las patronales deberán depositar sus estatutos en una oficina pública
En este acuerdo participan 80 agencias que podrán formular contratos con los servicios públicos de empleo y garantiza un volumen de atención, de entre 3.200 y 16.300 desempleados.
El Ejecutivo aprobó también otro Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, “que refuerza su seguridad jurídica respetando la libertad sindical y el derecho de asociación empresarial”. El Ministerio de Empleo señala que el depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales en una oficina pública es un requisito que la ley establece para que adquieran personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.