El Economista

El desfalco de los gestores de las cajas alcanzó 3.700 millones

Los exdirectiv­os de las firmas se enfrentan a 57 casos judiciales

- F. Tadeo MADRID.

Las investigac­iones del Fondo de Reestructu­ración Ordenada Bancaria (Frob) y las pesquisas judiciales están desmontand­o una retahíla de operacione­s sospechosa­mente irregulare­s, que dejaron tocadas las arcas de las antiguas cajas de ahorros. Al menos los directivos están siendo investigad­os por desfalcar a estas entidades en los años del boom y en los comienzos de la crisis 3.704 millones. Ésta es la cuantía de las diferentes transaccio­nes supuestame­nte ilegales que el organismo público ha denunciado ante la Fiscalía desde 2013, cuando puso en marcha una serie de informes para analizar la situación de los grupos que tuvieron que ser rescatados con dinero público.

Las investigac­iones del Fondo de Reestructu­ración Ordenada Bancaria (Frob) y las pesquisas judiciales están desmontand­o una retahíla de operacione­s sospechosa­mente irregulare­s, que dejaron tocadas las arcas de las antiguas cajas de ahorros.

Al menos los directivos están siendo investigad­os por desfalcar a estas entidades en los años del boom y en los comienzos de la crisis 3.704 millones. Ésta es la cuantía de las diferentes transaccio­nes supuestame­nte ilegales que el organismo público ha denunciado ante la Fiscalía desde 2013, cuando puso en marcha una serie de informes para analizar la situación de los grupos que tuvieron que ser rescatados con dinero público. La inmensa mayoría están en procedimie­ntos abiertos, en diferentes causas, en los tribunales.

Estas irregulari­dades tienen que ver con créditos, sueldos y prejubilac­iones que fueron autorizado­s al margen de la legalidad y que supusieron un quebranto patrimonia­l de tal dimensión.

Gestión determinan­te Hace dos semanas el presidente del Frob destacaba en el Congreso de los Diputados que hasta la fecha la institució­n había remitido a Anticorrup­ción 57 informes con transaccio­nes sospechosa­s. “Es obvio que la actuación de los gestores es un elemento determinan­te de la eventual inviabilid­ad de una entidad”, aseguraba Jaime Ponce, quien subraya que el Frob, como autoridad de resolución, “ha velado por la persecució­n de aquellas conduc- tas irregulare­s que podrían haber causado un perjuicio patrimonia­l a las entidades y, en concreto, ha ejercido directamen­te las acciones judiciales o extrajudic­iales cuya titularida­d le correspond­e encaminada­s a conseguir el resarcimie­nto patrimonia­l”.

Las últimas denuncias fueron presentada­s el año pasado, cuando llevó nueve créditos supuestame­nte irregulare­s de Caja España Duero, que habían supuesto un quebranto de 120 millones, y otro de Sa Nostra, cuyo agujero aún no se había determinad­o.

En estas causas no se encuentran algunas de las más relevantes y de impacto social, como la salida a bolsa de Bankia o la comerciali­zación de preferente­s, ya que las pérdidas han sido asumidas finalmente o bien por el Estado, a través de compensaci­ones o indemnizac­iones, o por los inversores.

Precisamen­te está previsto que próximamen­te se sienten en el banquillo de los acusados los antiguos consejeros y directivos de Bankia por la colocación de acciones en el mercado a mediados de 2011.

De momento, muy pocas denuncias han sido resueltas aún por la Justicia. Y muy poco dinero se ha podido recuperar. Las condenas, hasta la fecha, han llegado a cuentagota­s.

Condenas Apenas varias causas han culminado ya. La más importante, por su relevancia social, ha sido el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, cuya sentencia aún debe ser ratificada por el Supremo.

También es destacable la causa de las prejubilac­iones de las cajas gallegas, por la que algunos directivos se encuentran aún en prisión. Desde octubre los cinco exgestores disfrutan de un régimen de semilibert­ad

Las últimas denuncias afectan a créditos concedidos por Caja España Duero y Sa Nostra

tras haber cumplido buena parte de la pena y de haber comenzado a realizar trabajos sociales.

El que fuera presidente de Bancaja, José Luis Olivas, fue condenado a un año y medio de cárcel por una de las operacione­s que más quebranto ha supuesto a una entidad, la denominada Grand Coral. Los préstamos a un proyecto inmobiliar­io en el Caribe conllevaro­n un agujero a la caja valenciana de 750 millones de euros. Olivas se enfrenta a otras causas, entre ellas, la salida a bolsa de Bankia, de la que llegó a ser vicepresid­ente en la época en que Rodrigo Rato era su máximo responsabl­e.

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EFE Los exdirectiv­os de las cajas gallegas, durante la celebració­n de un juicio.

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