La unidad del taxi se resquebraja, mientras el tráfico mejora en la capital por la huelga
marzo la modificación del Decreto 74/2005 por el que se desarrolló el reglamento autonómico del taxi y que está dentro de un capítulo de la ley 20/1998. El texto, que tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, lleva meses atascado después de que haya recibido el visto bueno del consejo jurídico de la Comunidad de Madrid. La fecha tope de para devolver el decreto, que ha tenido alguna salvedad, era el 9 de febrero, y a partir de ahí, el plan del Ejecutivo es aprobarlo antes de las elecciones.
Tal y como se ha apuntado, el decreto busca habilitar a los taxis a ofrecer un precio máximo cerrado a los usuarios que soliciten el servicio a través de una aplicación como MyTaxi. Con esta medida se busca que el gremio pueda tener más capacidad para competir con Uber y Cabify en el sector de la precontratación, ya que uno de los servicios que más valoran los usuarios de las plataformas es conocer el precio del trayecto antes de contratarlo y así poder comparar con otras opciones de movilidad. Actualmente, las app del taxi, que no están para nada muy extendidas, solo ofrecen tarifas orientativas. La otra medida estrella es el taxi compartido, es decir, la posibilidad de que cada usuario del vehículo pueda pagar por su plaza o coger el vehículo ya ocupado a mitad de trayecto. El taxi busca que este tipo de servicio sea prohibido por ley para las VTC.
El decreto también incluye que las Sociedades Limitadas (SL) puedan ser propietarias de licencias de taxi, tal y como ha quedado establecido en varias sentencias judiciales. Actualmente, las licencias Málaga Barcelona son propiedad de autónomos, que pueden tener varias y contratar a conductores para que las exploten.
División en el taxi La Comunidad de Madrid apuesta por acelerar la tramitación del Reglamento del Taxi y por ganar tiempo hasta que se clausure la Asamblea a finales de marzo por la convocatoria de elecciones mientras el sector del taxi pierde el apoyo de la calle y rompe su unidad. Las cinco asociaciones que conforman el Comité de Huelga llevan años tan Madrid enfrentadas que no han conseguido ponerse de acuerdo ni para sacar una aplicación única para el sector que les permita competir con fuerza en la precontratación con Uber y Cabify. Tampoco han conseguido aliarse para reclamar cambios legales ni para unificar la emisora de taxi, lo que implica que hay decenas con flotas de diverso tamaño.
Esta atomización de las herramientas de contratación telemática y telefónica del taxi resta competitividad y eficiencia al sector, puesto que el riesgo de fracaso a la hora de solicitar un servicio o de que tarde mucho en llegar aumenta conforme menos oferta disponible hay. En el caso de las VTC esto no pasa porque solo hay dos aplicaciones que concentran a las más de 10.500 licencias que operan en los territorios donde estaban presentes hasta ayer, cuando echaron el cierre en Barcelona. Para hacerse una idea, Mytaxi apenas tiene 5.000 taxis adscritos a su aplicación de los 40.000 que hay en España.
Las asociaciones han tratado de dejar de lado sus odios históricos para presentar en la lucha con las VTC y la Comunidad de Madrid una unidad que es más aparente que otra cosa y ya se está empezando a resquebrajar. Por ejemplo, la semana pasada, ante el cerrazón del Ejecutivo de Garrido a negociar con el taxi, un asesor de Élite Taxi escribió un mensaje de Whatsapp en el que criticaba abiertamente la estrategia legal de las demás asociaciones y censuraba la actuación e ideas de sus abogados. El mensaje, en el que echa la culpa al resto de las asociaciones de haber entrado en un callejón sin salida en la negociación, aboga por dar al Ayuntamiento la mayor peso y critica que sus compañeros van a las negociaciones sin haberse leído los textos de la Comunidad y el Ayuntamiento. Por su parte, las asociaciones se empiezan a quejar de la actitud de uno de los líderes, Julio Sanz, al que acusan de guardar en secreto las propuestas y presentarlas sin haber consensuado las últimas versiones con todos los representantes. Pero la tensión no solo se vive en la cúpula de las asociaciones, donde la propuesta de que el límite temporal lo pudiera imponer el Gobierno en una ley estatal también generó tiranteces.
El decano de la radio del taxi, Pablo Soriano, que presenta Horas del Taxi, ayer fue un ejemplo del divorcio que se está viviendo entre los líderes y los taxistas de a pie. El periodista hizo un llamamiento a las asociaciones para que encontraran una salida al conflicto y les recordó que “la huelga no es el fin”, si no el medio para conseguir mejoras. En este punto, también abogó por la necesidad de ceder y asumir que no se va a conseguir todo lo que se pretende. Y es que, tras casi 15 días de huelga, el sector empieza a estar cansado de una situación que no tiene una salida clara.
A esta tensión interna se suma la desafección de la calle. Los madrileños no están apoyando las protestas del gremio, mientras las críticas a la desaparición de Uber y Cabify en Barcelona crecen tanto en la Ciudad Condal como en Madrid, donde no quieren vivir la misma suerte. Así, el comentario que más se escucha es que el tráfico en la capital es más fluido que nunca debido a que los taxis no están horas y horas circulando, muchas de ellas en vacío. Según datos del Ayuntamiento, el tráfico en las horas valle ha caído hasta un 11,5 por ciento.
El decano de la radio del gremio reclama que las asociaciones cedan y lleguen a acuerdos Golpe judicial al gremio: Cabify no es competencia desleal
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó ayer el fallo de un juzgado mercantil que considera que Cabify –y en concreto su filial en España, Maxi Mobility– no ejerce competencia desleal frente al taxi, al entender que únicamente funciona como mediadora entre usuarios y conductores de VTC.
En este fallo, dictado el pasado 18 de enero, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por la Federación Profesional del Taxi a una sentencia dictada por el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid en julio de 2017 y le condena a pagar las costas del proceso.
En su sentencia, la Audiencia alude a los argumentos esgrimidos por el juzgado mercantil para considerar que solo es competencia desleal el uso de la aplicación Cabify para contratar servicios de vehículos que se encuentren “circulando y ubicados en contra de lo dispuesto en la legislación del transporte”.
Aunque en esos casos, considera que es responsabilidad de quien “lleva a cabo materialmente el servicio” amparado en una licencia de vehículo de arrendamiento con conductor (VTC), es decir, el conductor, mientras que para la Audiencia Cabify y su filial en España solo son mediadores