Los Veintisiete respaldan la denominación española de Gibraltar como “colonia”
Hasta ahora los socios europeos mantenían equidistancia entre Madrid y Londres
El estatus de Gibraltar provocó ayer un nuevo capítulo de revuelo en las ya tensas negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En un texto destinado a eximir a los ciudadanos británicos de visados para estancias cortas en caso de producirse un Brexit sin acuerdo, el Consejo de la UE –que agrupa a los Estados miembros– denominó a Gibraltar como “colonia de la Corona británica”, provocando una airada reacción en Londres.
Hasta ahora, los socios habían mantenido una postura equidistante entre Madrid y Londres al denominar el Peñón como territorio de ultramar. Sin embargo, ahora que Reino Unido encara su salida del bloque comunitario, España ha conseguido arrastrar al resto de socios al calificar al territorio como “colonia” en el texto sobre visados.
Controversia histórica La explicación incluida al pie de página añade que “existe una controversia entre España y el Reino Unido respecto a la soberanía de Gibraltar, un territorio por el cual una solución tiene que ser alcanzada a la luz de las resoluciones relevantes y las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
El embajador británico ante la UE, Tim Barrow, se opuso ayer durante el encuentro con sus colegas europeos a la utilización de tal término. Un portavoz de su Gobierno declaró que “Gibraltar no es una colonia y es completamente inapropiado describirlo de esta manera”. Y añadió que “Gibraltar es una parte integral de la familia del Reino Unido y tiene una relación constitucional madura y moderna con el Reino Unido.”
El texto acordado ayer permitirá a los británicos, incluidos los habitantes de Gibraltar, acceder a territorio de la UE sin visado para estancias menores a 90 días, como solución de emergencia en caso de que haya un Brexit sin acuerdo el 29 de marzo. Eso sí, los europeos piden reciprocidad a Londres para aprobar esta medida de contingencia, que todavía debe recibir el aprobado final del Consejo y del Parlamento Europeo.
El tanto diplomático que se apuntó España le permite así quitarse el mal sabor de boca del pasado noviembre, durante el tramo final de la negociación del acuerdo de divorcio de Reino Unido. Entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que pelear por conseguir garantías adicionales de sus socios respecto al derecho de veto que había conseguido nuestro país con anterioridad para aplicar el acuerdo final en Gibraltar.