LAS NEGLIGENCIAS DE SARACHO EN EL POPULAR
Un informe pericial de FTI Consulting y PSJ Forensic acusa al equipo de Saracho de negligencias para presentar colaterales al Banco de España y concluye que también hubo irregularidades en la época de Ángel Ron.
Un informe pericial remitido a la Audiencia Nacional señala al expresidente del Popular, Emilio Saracho, y su equipo gestor de “negligencias”, “errores” y “deficiencias” en la presentación de colaterales al Banco de España para solicitar liquidez y poder mantener la entidad en pie. Varios fondos bonistas del que fue el sexto banco del país, entre los que se encuentra Pimco, han aportado a la causa el informe elaborado por FTI Consulting y PSJ Forensic bajo el título Dictamen pericial sobre el Banco Popular Español. El documento hace un minucioso recorrido de la evolución de la entidad a raíz de la crisis económica y hasta su caída y concluye que había un déficit de provisiones persistente desde 2011 a 2016 causado por múltiples irregularidades contables.
Asimismo, el informe cuestiona la gestión del Popular y del Banco de España que hicieron de la liquidez de emergencia (ELA) y la entrega de colaterales para respaldar la misma. Así, abre la cuestión de si la entidad engañó a los inversores sobre la calidad y volumen de sus activos líquidos que debía proporcionar al supervisor para acceder al ELA en vísperas de su resolución.
El Banco Popular presentó el 5 de junio de 2017 (dos días antes de su caída) garantías al Banco de España por 40.522 millones de euros sobre las que apoyar la petición de liquidez. Sin embargo, el supervisor echó para atrás la mayoría del colateral y solo concedió liquidez por 3.800 millones de euros a la entidad durante los días 5 y 6 de junio de los 9.500 millones que autorizado el Banco Central Europeo (BCE).
A raíz de esto, el informe pericial apunta a si “los directivos y gestores del banco y otros terceros fueron negligentes al no proporcionar/evaluar las garantías presentadas en los días 5 y 6 de junio de 2017, evitando así que el banco accediese plenamente al ELA que se la había otorgado”.
Deficiencias El documento refleja que el Banco de España no aceptó la mayoría del colateral presentado porque hubo “errores formales y de procedimiento”. puesto que el supervisor requirió la recepción de los títulos originales sobre ciertas inversiones significativas en poder del Popular y este solo remitió copias de estos documentos por correo electrónico. En el caso de Total Bank, el que fue el sexto banco del país no presentó un informe jurídico sobre los requisitos y formalidades bajo derecho estadounidense para la válida constitución de la garantía sobre las acciones de la filial de Miami.
Por otro lado, el informe menciona que existió un déficit de información en relación con los préstamos no hipotecarios normales a personas físicas y los préstamos sobre créditos dudosos. “El Banco de España identificó lagunas en los datos y duplicidades, aspecto que determinó el rechazo de las garantías”, asevera. Según el texto, estas deficiencias de información deberían haberse identificado en el plan de contingencias y habría sido posible subsanarlas con más tiempo.
El Banco Popular sufrió una fuga de depósitos entre abril y junio de 2017 de 16.157 millones de euros ante la incertidumbre que volaba sobre la entidad tras anunciarse en abril de ese año una reexpresión de las cuentas del banco de 2016 y anunciar Saracho en la Junta de Accionistas que las salidas de la entidad pasaban por una venta o una ampliación de capital. Ante esta situación de salida masiva de fondos, el banco se vio obligado a solicitar liquidez para poder atender las operaciones de los clientes. Sin embargo, el 6 de junio, el consejo de administración tuvo que comunicar a los supervisores la inviabilidad del Popular ante la imposibilidad de abrir las ventanillas al día siguiente. Esa misma noche, la Junta Única de Resolución (JUR) resolvió la entidad y la vendió al Santander por un euro.
Ocultación de deudas El informe de Pimco también hace un exhaustivo recorrido a la gestión de Ángel Ron, que presidió el banco desde 2004 hasta febrero de 2017 y quien está imputado en la Audiencia Nacional por falsedad contable. Según el documento, hubo “múltiples y recurrentes irregularidades contables” entre 2011 y 2016. Entre las mismas, destaca la clasificación errónea de las operaciones refinanciadas por el banco, una sistemática clasificación incorrecta de préstamos normales, dudosos y subestándar, así como deficiencias en la clasificación y valoración de activos inmobiliarios.
Además, el texto señala que la entidad incumplió la obligación de incorporar compañías controladas por el banco en los estados financieros y ocultó pérdidas por 200 millones a través de una estructura opaca con sede en Luxemburgo.