El Economista

Aduanas reclama 19 millones a Conservas Calvo

El Supremo rechaza el recurso

- Javier Romera MADRID.

Conservas Calvo se enfrenta a reclamacio­nes por parte de Aduanas en aranceles pendientes por un impote de hasta 19 millones de euros despues de que el Tribunal Supremo haya fallado en contra de la compañía, rechazando el primer recurso de casación presentado.

Fuentes próximas a la compañía gallega aseguran que el grupo “irá abonando todas las liquidacio­nes que resulten de las resolucion­es firmes en su contra en los tribunales, a pesar de que se haya reconocido su actuación de buena fe, y recuperará las garantías aportadas en su día para supender el procedicim­iento en 2012”, incluyendo una hipoteca sobre la marca Calvo.

Los hechos se remontan a hace ya más de una década. Tras una inspección Hacienda planteó una reclamacio­n a la compañía gallega en relación con las importacio­nes de atún procedente­s de El Salvador realizadas por el grupo durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 que estaban relacionad­as, fundamenta­lmente, con el abanderami­ento de los buques y el origen de las tripulacio­nes.

Importacio­nes Estas importacio­nes se realizaron al amparo del Sistema de Preferenci­as Generaliza­das, que establece una serie de preferenci­as arancelari­as a las importacio­nes realizadas desde El Salvador a la Unión Europea, siempre que cumplan una serie de requisitos previstos. El problema surgió porque las autoridade­s aduaneras entendiero­n que estos requisitos no se habían cumplido, por lo que procedió a plantear una serie de liquidacio­nes por un importe total en ese momento de 18 millones de euros.

Para poder suspender el pago hasta que no hubiera resolucion­es firmes, y como es habitual en estos casos, según aseguran desde la compañía, Calvo ofreció una serie de avales, entre ellos una hipoteca sobre su marca y un inmueble, que no afectaba a su actividad productiva, por un importe total de 29,6 millones de euros.

Resolución de la Audiencia En mayo de 2012, la Audiencia Nacional resolvió a favor de Calvo las cuatro primeras liquidacio­nes, declarando además expresamen­te la buena de la compañía como importador­a. Ante ello, la Dirección General de Aduanas solicitó de oficio a la Comisión Europea un procedimie­nto de condonació­n de las liquidacio­nes, pero Bruselas lo denegó. Aunque Calvo quedó entonces al margen, España recurrió la negativa ante el Tribunal General de la Unión Europea, que en diciembre de 2016 resolvió el recurso y, de nuevo, denegó la condonació­n solicitada.

La sentencia fue presentada ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde habían quedado suspendido­s los demás recursos presentado­s por Calvo. Pocos meses después, en julio de 2017, los tribunales españoles competente­s, siguiendo la dsentencia del Tribunal General de la UE, en lugar del criterio aplicado en 2012, empezaron a notificar a la empresa sentencias desfavorab­les por las liquidacio­nes pendientes. En sus últimas cuentas, la compañía reconoce ahora una provisión por importe total de 19,1 millones de euros, de los cuales 5,19 millones correspond­en a intereses de demora.

Calvo logró en 2018 una facturació­n de 583,1 millones, lo que supuso un 5,6 por ciento menos respecto a los ingresos de 618,2 millones de un año antes. Con un ebitda de casi 40 millones, para el consejero delegado del grupo, Mané Calvo, los resultados son satisfacto­rios “teniendo en cuenta la complicada situación del mercado brasileño y la depreciaci­ón de la divisa”.

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NACHO MARTÍN Mané Calvo, consejero delegado de Calvo.

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