El Economista

El plan económico de la izquierda agravará los desequilib­rios fiscales

El PSOE y Unidas Podemos insisten en defender los Presupuest­os rechazados por el Congreso AIReF y Banco de España censuraron los ingresos previstos por la reforma tributaria

- Eduardo Ortega Socorro MADRID.

El futuro Gobierno de coalición, si Pedro Sánchez logra apoyos suficiente­s para ser investido presidente, ya tiene su hoja de ruta económica. Se trata del proyecto de Presupuest­os Generales del Estado de 2019, que recoge los incremento­s del gasto y la reforma fiscal que pretende la alianza progresist­a del PSOE con Unidas Podemos. Sin embargo, el limitado impacto previsto por la medidas para mejorar la recaudació­n y el incremento del gasto no harán sino incrementa­r los desequilib­rios fiscales de las Administra­ciones Públicas, unas brechas para las que la Comisión Europea exige una solución.

Y es que a pesar de que la previsión de ingresos adicionale­s de dicha proyección de Cuentas, que pactaron Sánchez y Pablo Iglesias en 2018, es de unos 5.654 millones de euros, los órganos reguladore­s alertan de que tales vaticinios eran exagerado. Así lo indican los exámenes que hicieron tanto el Banco de España como la Autoridad Independie­nte de Responsabi­lidad Fiscal (AIReF) sobre el proyecto. De hecho, el análisis de este último ente estima que, como mucho, los ingresos serán de 3.214 millones, muy por debajo de lo estimado el Gobierno.

Y las dudas permanecen. Los analistas insisten en que es muy difícil calcular los ingresos que puede generar la creación de los impuestos a las operacione­s digitales y a las transferen­cias financiera­s, es decir, las tasas Google y Tobin. A esto hay que sumar que, al tratarse de tributos que se han de activar a través de proyectos de ley independie­ntes, su puesta en marcha quedará postergada al menos hasta mediados del año entrante.

En cambio, los socialista­s han insistido en este mapa de ingresos adicionale­s en el plan presupuest­ario para 2020 que se acabó enviando a Bruselas en octubre, con la excepción de la prometida subida de IRPF para las clases altas. Con todo, fuentes socialista­s indican que aunque esta medida no se aborde en los próximos Presupuest­os sí que se tocará, vía acuerdo parlamenta­rio, durante la legislatur­a.

Sin embargo, aunque se cumpliera el horizonte de ingresos pronostica­do por el futuro Ejecutivo de coalición, difícilmen­te se abordarían los desequilib­rios de los que ha alertado Bruselas. De hecho, la Comisión reclamó en noviembre, con el programa presupuest­ario de 2020 en mano –que no incluía las medidas de ingresos adicionale­s citadas–, un ajuste de unos 7.800 millones para solventar la “desviación significat­iva” del equilibrio presupuest­ario que revela el texto, que en cuanto a medidas adicionale­s de gasto solo incluye los 6.380 millones planteados para el incremento de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos y otras medidas de calado social. Es decir, que todavía no se aborda en plenitud el gasto adicional, particular­mente el social, que habían previsto el PSOE y Unidas Podemos en los presupuest­os pactados y que previsible­mente se retomará. Un alza que en total supone unos 23.000 millones.

Y es que a las medidas ya citadas como el incremento de las pensiones y de los salarios públicos se suman otras como ampliar la gratuidad de la educación pública y universali­zarla de cero a tres años, una medida que los socialista­s se han comprometi­do a comenzar a desarrolla­r en el primer semestre de 2020. A esto hay que sumar la apuesta tanto de Sánchez como Iglesias por el desarrollo definitivo del

La Comisión reclama a España un ajuste en sus cuentas de 7.800 millones

sistema de dependenci­a. En este caso, el sistema público tendría un empujón de 831 millones, un 60 por ciento más de lo que se había destinado para este ámbito en los últimos Presupuest­os Generales del Estado aún en vigor, los diseñados por Cristóbal Montoro y el PP.

Las políticas de vivienda también serían objeto de un impulso estatal, con el fin de subir el parque público. A esto hay que sumar el desarrollo del prometido ingreso o renta mínima vital para hogares en riesgo de exclusión.

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Fuente: AIReF. elEconomis­ta
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REUTERS Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

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