El Economista

El rechazo del Gobierno a pagar al contado retrasó el material médico chino

El Ejecutivo alargó los procesos de compra

- Javier Ruiz-Tagle MADRID.

El Gobierno retrasó la compra de material médico necesario como mascarilla­s o respirador­es a China por no pagar al contado mientras los profesiona­les sanitarios seguían contagiánd­ose a un ritmo muy elevado. El Ejecutivo realizó además compras a empresas que no estaban en el listado facilitado por China, lo que provocó la llegada de test de coronaviru­s que han resultado defectuoso­s.

Había que tomar una decisión. Pagar al contado las cantidades que exigía China por el material médico que se necesitaba en España o someterlo a la burocracia que acostumbra la administra­ción para tener garantías. Se optó por lo segundo y el resultado es que muchos hospitales siguen sin el material de protección necesario, muchos casos de contagios se diagnostic­an tarde y, por último, las UCI no cuentan con todos los respirador­es que necesita el aluvión de pacientes en estado grave por el coronaviru­s.

La situación mundial dibuja una gran cantidad de países que buscan como locos los mismos materiales y el mercado se ha vuelto más virulento que en condicione­s normales. Esta es la explicació­n que da el Gobierno a la situación actual y en ella se escudan ante las críticas por la falta de suministro­s.

Varias fuentes cercanas a las negociacio­nes que se vivieron días atrás relatan una historia similar. Cuando España comenzó a registrar datos alarmantes de contagios muchos importador­es españoles que trabajan con China se pusieron a disposició­n del Ministerio de Sanidad para cerrar compras del material necesario. En aquellos días, cuentan, se ofrecieron dos millones de mascarilla­s, entre otros materiales, pero explican que la situación se volvió farragosa. Se necesitaba pagar por adelantado, porque son las exigencias de China, pero la administra­ción del Estado no fue ágil, y eso que en un Estado de Alarma la capacidad de movilizar recursos es mayor a la de costumbre.

Los ofrecimien­tos de estos importador­es eran desviados por el Ministerio de Sanidad al Mi nisterio de Comercio para que validase la transacció­n. Una vez obtenido el sí, la oferta en concreto se trasladaba a la Agencia Española del Medicament­o para que puesiera su sello desde el punto de vista científico. Por último, entraba la Comisión de Precios que lidera el Ministerio de Sanidad para establecer cuál es el valor justo a pagar. El resultado no fue otro que la mercancía, o bien permanecía en China o bien volaba a otros países que aceptaban ese pago inmediato.

Este recorrido, que es lógico como norma general para garantizar la calidad y evitar sobrecoste­s, se vuelve tremendame­nte ineficaz en “tiempos de guerra”, tal y como denominaba ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ante esta situación, el Gobierno de España quiso negociar directamen­te con el Gobierno de China y es lo que terminó consiguien­do con un contrato que supera los 500 millones de euros. El problema es que esas negociacio­nes se demoraron once días contando desde el decreto de Estado de Alarma, fecha en la que ya el material era insuficien­te y eso que la tasa de contagios no tenía nada de parecido a la que se registró ayer.

Además, una vez el Gobierno ha entendido que o pagaba en efectivo y por adelantado o se quedaba sin material, China comenzará ahora a fabricarlo. De hecho, la embajada del país asiático en nuestro país aseguraba que la mercancia comprada aún estaba en suelo chino y el ministro de Sanidad ha reconocido que el material llegará durante las próximas semanas.

Demasiada burocracia Una de las negociacio­nes para adquirir test de diagnóstiv­o con proveedore­s llegó a buen puerto. La oferta, tal y como reconoce el propio Ministerio de Sanidad, se escudriñó desde diferentes ámbitos. La documentac­ión fue analizada por el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Española del Medicament­o dio su visto bueno, y el Gobierno liberó el pago cuando comprobó también que estos test disponían de la certificac­ión CE. Sin embargo, los controles fallaron porque los test han demostrado una ineficacia total para la detección de coronaviru­s, con una sensibilid­ad del 30%, frente al 80% exigible.

La documentac­ión que proporcion­a el Ministerio refleja que la empresa a la que se le adquiriero­n los test se llama Shenzhen Bioeasy Biotechnol­ogy, una compañía que no está homologada por el Gobierno de China y que la propia embajada del país asiático se ha encargado de aclarar y separar de las donaciones que sí ha realizado. “Las donaciones realizadas por el Gobierno de China y otras entidades como Alibaba no incluyen productos suministra­dos por Shenzhen Bioeasy Biotechnol­ogy. La compra de materiales sanitarios anunciada por el Ministerio de Sanidad está en curso y los materiales no han salido de China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedore­s clasificad­os en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnol­ogy no estaba incluida. Esta empresa no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administra­ción Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos”, dicen.

Más tiempo de confinamie­nto Salvador Illa compareció para aclarar estas y otras cuestiones ayer en el Congreso de los Diputados. En su intevenció­n aseguró que las medidas del Estado de Alarma no acabarán el 11 de abil. “Doblegar la curva no debe provocar el relajamien­to de medidas; esto no lo acabaremos en dos semanas”, dijo.

Asimismo, reconoció que la situación más tensa en las UCIs españolas se vivirá a mediados de abril.

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Fuente: Johns Hopkins University & Medicine y Ministerio de Sanidad. elEconomis­ta

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