La nueva normativa impulsará el desarrollo de parques públicos en arrendamiento
El acceso a una primera vivienda, ya sea mediante arrendamiento o en propiedad, se ha convertido tras la crisis de 2008 en uno de los principales problemas sociales de España. El abrupto encarecimiento de las casas, la imposibilidad de ahorrar, y la dificultad de muchas personas para acceder al mercado de financiación bancaria, son algunos de los factores que están llevando a nuestro país a situarse a la cabeza en emancipación tardía de Europa con una media de 30 años. Concretamente, en 2019, la tasa de jóvenes emancipados alcanzó su mínimo desde 2002, según el último informe Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo Juventud de España (CJE), que señala que solo el 18,6% de las personas entre 16 y 29 años en España vive en una residencia distinta a sus hogares de origen. Además, la falta de vivienda social en nuestro país, que también se encuentra muy lejos de la media europea, y las numerosas regulaciones en torno a la vivienda, que difieren notablemente de una región a otra, complican todavía más el acceso.
La nueva Ley Estatal del Derecho a la Vivienda, que entró ayer en periodo de consulta pública, busca dar solución a muchas de estas problemáticas y quiere hacerlo mediante la vía de aumentar la oferta, tanto pública como privada. Así lo aseguró José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que apuntó que esta nueva Ley establece un completo marco de acción en favor de una oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles y llevará a la armonización normativa autonómica.
Una de las claves de esta nueva Ley se encuentra en el establecimiento de una definición única para el concepto de vivienda vacía. El hecho de que no exista esta definición en España imposibilita cuantificar las unidades que se encuentran en ese estado, y, por tanto, también impide poner en marcha medidas efectivas para animar a sus propietarios a lanzar estas viviendas al mercado del alquiler, lo que seguramente supondría una importante inyección de oferta que ayudaría a frenar la tensión de los precios.
Otro de los objetivos clave de la nueva normativa será impulsar un marco legislativo que ofrecerá cobertura jurídica y blinde la función social de la vivienda, entendiéndola como un instrumento clave de la acción pública en favor del derecho a la vivienda. En este sentido, Ábalos recordó que en los últimos años la vivienda social “ha sido abandonada o, incluso, se daba una auténtica marcha atrás con, por ejemplo, operaciones de venta de vivienda social a fondos que anulaban su carácter social y perjudicaban a muchas personas en una situación vulnerable”. “Esto no puede volver a ocurrir. Debemos hacer autocrítica como país y dar una vuelta profunda a la cuestión de la vivienda social. Porque algunos de los problemas que vemos hoy derivan de decisiones que se tomaron hace años o décadas”, apuntó el titular de Transportes, que aseguró que el objetivo de la normativa pasa por promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda y reforzar el derecho de una vivienda digna a precio asequible.
Para ello se impulsará la vivienda pública en alquiler, que ha sido la gran olvidada en España. Según los datos del Boletín Especial de Vivienda Social que se presentó el jueves, en 2019 apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para el alquiler. Además, este mismo boletín refleja que en los últimos 40 años el 21,6% de las viviendas construidas fueron protegidas. Concretamente, se levantaron 2,37 millones de casas protegidas frente a 8,6 millones de viviendas libres.