Andalucía choca con Hacienda y busca fórmulas para impulsar infraestructuras
Sacyr, Ferrovial, ACS, Acciona, FCC y OHL se interesan por el Hospital de Málaga
La Junta de Andalucía trabaja en fórmulas para poder impulsar inversiones en infraestructuras a través de la colaboración público-privada tras toparse con la negativa del Ministerio de Hacienda a modificar la ley de desindexación de la economía, una norma que limita la rentabilidad al bono español a 10 años más 200 puntos básicos y que impide, de facto, atraer a los fondos de inversión y entidades financieras, toda vez que esto implica actualmente un interés del 2,3% y sus objetivos son muy superiores.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha remitido en los últimos meses dos cartas a la ministra María Jesús Montero solicitando el cambio normativo para poder ofrecer un rendimiento superior a los inversores privados, máxime en un contexto en el que la vía presupuestaria para infraestructuras es cada vez menor. Sin embargo, Hacienda no contempla llevar a cabo esta modificación, que se instrumentaría a través de una orden ministerial y que Seopan lleva reclamando desde hace años para poder promover concesiones a través de asociaciones público-privadas de largo plazo como el rebautizado Plan Especial de Carreteras (PEC) que sigue sin ver la luz. Este modelo está extendido en todo el mundo, pero en España la regulación lo hace prácticamente inviable en la mayoría de los casos.
La Junta tiene varias infraestructuras proyectadas para las que quiere contar con fondos de inversión, entre las que sobresale el nuevo Hospital de Málaga, con un presupuesto que podría superar los 400 millones de euros. Ante la respuesta negativa de Hacienda, los asesores jurídicos del Gobierno autonómico están analizando opciones que encajen en el marco legal. El planteamiento que más puntos tiene en este momento discurre por alquilar el terreno donde se va a construir el hospital a un consorcio que ejecutaría las obras y la explotación de los servicios asociados en régimen de concesión. La asistencia médica sería ejercida por el Servicio de Salud de Andalucía. Esta fórmula sería viable porque la ley de desindexación no aplica para los alquileres, con lo que de esta forma podría ofrecer una rentabilidad a los inversores alineada con los porcentajes que demandan.
La Junta ha negociado en los últimos meses con constructoras y fondos de inversión el desarrollo del proyecto. No en vano, ha recibido iniciativas privadas de grupos constructores y algún fondo de infraestructuras, pero ninguna de ellas ha obtenido hasta la fecha la aprobación de las autoridades andaluzas.
A la espera de que salga a licitación el nuevo hospital, las empresas constructoras mantienen un elevado interés por el que se erige en uno de los principales proyectos de infraestructuras que hay en la rampa de salida en España. Así, Sacyr, Ferrovial, ACS, OHL, FCC y Acciona, los seis principales grupos españoles, siguen muy de cerca el proceso y en algunos casos ya han entablado negociaciones con compañías andaluzas como Sando o Azvi para forjar consorcios. En función de cuál sea la fórmula elegida finalmente para la concesión, los recursos financieros provendrán de fondos de inversión internacionales o entidades bancarias, o una combinación de ambos.