Industria amenaza a Alcoa con medidas menos amistosas
La empresa rechazó que la Sepi comprara la fábrica de aluminio de San Ciprián
La empresa rechazó que la Sepi fuera la compradora
El Gobierno amenaza a Alcoa con “tomar medidas menos amistosas”, en el escenario abierto tras el fracaso de las negociaciones para la venta de la fábrica de aluminio primario de San Ciprián (Lugo) a Liberty House. El Ejecutivo responsabiliza exclusivamente a la empresa –que ha recibido más de 1.000 millones de euros en ayudas eléctricas en la última década– y revela que le ha llegado a ofrecer que la Sepi adquiera la fábrica como fórmula de mediación ante Liberty.
El presidente del comité de empresa de la fábrica, José Antonio Zan, considera que, tras el ofrecimiento de la Sepi, el ajuste laboral que Alcoa pretende aplicar a la compañía sería “ilegal”, porque el ofrecimiento implica que hay otras opciones al despido colectivo.
Ayer, en un comunicado conjunto, el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia mostraron “su sorpresa por el hecho de que Alcoa abandonara la negociación no respondiendo a la propuesta del Gobierno de que sea la Sepi la que actuara de intermediaria para la venta de la planta a Liberty House”, respaldaron a los sindicatos –“había soluciones para alcanzar un acuerdo de compra-venta”– y defendieron sus demandas: “La dirección de Alcoa empuja a los trabajadores a un conflicto que no es necesario”.
“Mala fe de Alcoa” El director general de Industria, Raül Blanco, valoró que “es innecesario e inmoral someter a este sufrimiento a las familias de A Mariña que dependen del trabajo en Alcoa. Entiendo que hay mala fe durante las negociaciones de venta”.
Alcoa, por su parte, remitió otra nota de prensa en la que se exime de toda responsabilidad en el fracaso de las negociaciones de venta. Insistiendo en los argumentos de las últimas semanas, explica que no ha alcanzado un acuerdo con Liberty para dar continuidad a la fábrica, “por las demandas poco razonables de GFG” y que se ayer se reunió con los trabajadores “con el tema único de un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) o, a falta de acuerdo sobre un Erte, la aplicación de un despido colectivo permanente” para 534 trabajadores.
Dicha negociación tiene lugar en en municipio pontevedrés de Nigrán –a unas tres horas de San Ciprián–, y ayer Zan señaló que no negociará la aplicación de “Erte ni de ERE” con Alcoa, al ver el proceso “fraudulento”. No descartó acudir a los juzgados si la empresa apuesta por los despidos. Antes de participar en la mesa de negociación remarcó que el comité de empresa no aceptará “nada que implique parar la producción”, subrayando que el Gobierno y la Xunta están “de su parte”, según informaron las agencias de noticias.
Sepi sí, pero con despidos Zan también explicó que la multinacional estadounidense condicionó a que hubiera “despidos firmados” una ampliación del plazo de negociación con la Sepi para la venta
El Gobierno adoptará medidas para “que no se pare la planta en ningún caso”
de la fábrica, añadiendo que si se le permite a la empresa “poner en tela de juicio el estado de derecho” español, seremos “una república bananera”. A juicio del sindicalista, “el problema ya no es que este país deje de fabricar aluminio primario o que este país pierda una parte estratégica, dado que el día 30 marzo se dijo que la producción de aluminio en San Cibrao era un servicio esencial y no podía parar por el Covid-19”; el principal problema es que “estamos poniendo en tela de juicio el estado de derecho”.
Con relación a las medidas “menos amistosas” Industria anunció que en próximos días se analizarán dichas medidas “con el objetivo de que no se pare la planta en ningún caso”. Preguntado por elEconomista por la posibilidad de que se obligue a la compañía a devolver las cuantiosas ayudas públicas recibidas en los últimos años, optó por no responder.
El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, pidió una ampliación del período de consultas y acusó a Alcoa de estar “engañando a todas las partes” y “traicionando la confianza” que los trabajadores y la propia Administración habían depositado en ella.