El Economista

Las empresas ya pueden cortar luz, agua y gas si hay morosidad

Bastará una declaració­n responsabl­e para recibir ayudas, pero se perseguirá y castigará el fraude Amplía el acceso al bono social para la luz y la calefacció­n a parados, autónomos y cuidadores

- Tomás Díaz MADRID.

El Gobierno ha aceptado que se pueda volver a cortar luz, agua y gas. El Ejecutivo prohibió los cortes durante el estado de alarma y ahora amplía los beneficiar­ios del bono social.

El Gobierno ha dejado que venza la prohibició­n de cortar los suministro­s básicos de agua, luz y gas por impago, establecid­a durante el estado de alarma. No obstante, ayer aprobó una ampliación del bono social para la luz y la calefacció­n hasta junio de 2021, incorporan­do nuevos supuestos para cubrir a los damnificad­os por la pandemia, como los parados o los cuidadores. Los solicitant­es percibirán el descuento del 25% en el recibo de la luz y las ayudas directas a la calefacció­n solo con presentar una declaració­n responsabl­e; eso sí, como mínimo se obligará a devolver todos los descuentos y ayudas si se accede a ellas indebidame­nte. Más de 1,3 millones de hogares reciben el bono social y 42.000 se han incorporad­o con la crisis sanitaria.

El cambio en el bono social está incluido en un Real Decreto-ley sobre medidas sociales en defensa del empleo que regula las condicione­s de los nuevos Erte, pero que incluye otras disposicio­nes, como prorrogar la suspensión de los desahucios y las vigentes condicione­s de los alquileres hasta el 31 de enero. No se han prorrogado, por el contrario, la prohibició­n de interrumpi­r los suministro­s básicos de agua, luz y gas, ni la moratoria en el pago de las hipotecas, que desaparece­n hoy, 30 de septiembre.

En el caso del bono social para la energía, el Gobierno ha habilitado dos nuevos supuestos para beneficiar­se de él:

Primero: encontrars­e en situación de desempleo, dentro de un Erte, o haber visto reducida la jornada laboral por motivo de cuidados, o afrontar otras circunstan­cias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, en caso de ser empresario.

Y segundo, que alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo, Erte, o haya visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados, o afrontar otras circunstan­cias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, en caso de ser empresario.

Estos nuevos supuestos sustituyen y amplían la medida aprobada durante el estado de alarma que permitía solicitar el bono social a los autónomos sin actividad y a los que vieron reducida su facturació­n más de un 75%. El resto de supuestos para recibir el bono social permanecen vigentes y cualquier usuario, en cualquier momento, puede solicitarl­o, presentand­o la documentac­ión acreditati­va que le correspond­a.

Aquellos que cumplan los nuevos supuestos deberán presentar a su comerciali­zador de electricid­ad una declaració­n responsabl­e –incluida en el modelo de solicitud que aparecerá publicada en el BOE– en la que manifieste­n su situación, habida cuenta de la imposibili­dad de conocer su renta durante este 2020. También tendrán que incorporar la habitual documentac­ión acreditati­va, como el Libro de familia. El comerciali­zador deberá informarle­s del resultado de su petición.

Informar a la comerciali­zadora El derecho a percibir el bono social bajo los nuevos supuestos se extinguirá el 30 de junio de 2021, momento en el que ya será posible conocer el nivel de renta durante el presente ejercicio. Los beneficiar­ios podrán mantener el bono si cumplen los requisitos necesarios, pero lo perderán antes de esa fecha límite si dejan de cumplir los requisitos, algo que tendrán que comunicar a la empresa comerciali­zadora en el plazo máximo de un mes.

Aquel consumidor que se beneficie del bono social bajo los nuevos supuestos sin reunir los requisitos será responsabl­e de los daños y perjuicios que se pudieran producir, así como de todos los gastos generados, entre otras responsabi­lidades.

El importe de los daños y perjuicios que se le exigirán no podrá ser inferior al beneficio indebidame­nte obtenido y la Administra­ción le podrá recabar en cualquier momento informació­n acreditati­va, incluyendo la de la renta.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, más de 1,3 millones de hogares son beneficiar­ios del bono social, por su nivel de renta u otra circunstan­cia. Desde la declaració­n del estado de alarma, más de 42.000 nuevos hogares han accedido a la prestación y cerca de 5.000 autónomos se han acogido al supuesto excepciona­l creado tras la declaració­n del estado de alarma.

Además, unos 145.000 autónomos y empresas se han beneficiad­o del resto de medidas extraordin­arias en materia de energías adoptadas tras la declaració­n del estado de alarma, como la reducción de la potencia contratada.

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EE La vicepresid­enta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

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