El Estado perdería entre 600 y 800 millones al aplicar IVA a sanidad y educación privada
Foment del Treball califica de “impuesto ideológico” la medida que se baraja
El Estado perdería dinero si se decide a aplicar un IVA del 21% a la sanidad y la educación privada. Ese es el análisis que la AIReF le hizo al Ministerio de Hacienda en junio de 2019 pero que a pesar de los números el Gobierno se ha planteado incluirlo en el borrador de presupuestos. Aplicar el tipo máximo de este impuesto generaría unos ingresos de 1.763 millones de euros en el caso de la sanidad y de 1.694 en el caso de la educación. Sin embargo, las provisiones que calcula la autoridad fiscal que se tendrían que hacer en el sistema público para cubrir el trasvase de personas desde el ámbito privado al público serían de 2.145 millones en el caso de la sanidad y de 1.891 (que incluso podrían llegar a 2.161) para la educación. Es decir, el Estado perdería 579 millones, que incluso podrían llegar a 849.
Sin embargo, hay un matiz que hay que tener en cuenta. La recaudación del IVA sería tanto para el Gobierno central como para las comunidades autónomas, al 50%. Sin embargo, el incremento en el coste de provisión para mejorar los sistemas públicos sería íntegramente soportado por las comunidades autónomas, ya que las competencias sanitarias y educativas están transferidas. La excepción serían las autonomías con régimen foral (País Vasco y Navarra), que recaudarían el IVA al completo.
La medida ha sido duramente calificada por la patronal Foment del Treball. “Es un impuesto ideológico”, dicen. De hecho, el presidente, Josep Sánchez Llibre, se ha comprometido a trabajar con el Gobierno para que “no se lleve a cabo”. Además, señalan que desde el punto de vista asistencial sería un desastre. “Si la medida se concentra solo en las entidades que hacen actividad sanitaria privada fuera del sistema público de salud causaría el colapso de la sanidad pública porque repercutiría directamente en el precio a los usuarios”, afirman.
Los números avalan este planteamiento. El incremento del gasto público viene justificado por los 8 millones de asegurados directos de la sanidad privada, ya que muchos podrían abandonar este servicio por la subida de costes. Al ocurrir esto, el Estado estaría obligado a mejorar el sistema público para asegurar el mismo servicio con un número mayor de pacientes.
Cabe recordar que la sanidad privada lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas (1,6 millones), registra el 23,5% (1,3 millones) de las altas y de los ingresos y atiende el 24,5% (7,3 millones de las urgencias) en todo el territorio nacional. Además, en un momento pandémico como el actual, ha evitado el colapso.
Además, queda una pregunta por responder en el caso de la sanidad. ¿Qué pasaría con Muface y el resto de mutuas? La AIReF no los analiza porque entiende que la eliminación de la exención no supondría un desvío de pacientes.
El coste de mejorar lo público recaería completamente en las comunidades autónomas