La dificultad de la pyme para acceder a licitaciones obliga a cambiar la ley
Moncloa anuncia una revisión de la compleja normativa de contratos públicos
La dificultad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para acceder a las licitaciones públicas ha obligado a Moncloa a revisar la Ley de Contratación Pública. El Gobierno quiere así eliminar los complejos requisitos, basados en criterios de transparencia, que introdujo la reforma de la normativa de marzo del año 2018, para acceder a un contrato público. La normativa tumbó a los pequeños licitadores.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció esta semana que el Ejecutivo va a aprobar, además de una nueva ley de la Administración Pública, un decreto ley para mejorar los niveles de coordinación entre todas las administraciones y garantizar así una “gestión eficaz” de los fondos europeos que va a recibir España. Además, anunció la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y su régimen jurídico y de las leyes Presupuestaria y de Subvenciones.
Fuentes gubernamentales precisaron que la nueva Ley de la Administración Pública, ya prevista en el plan normativo del Gobierno, arrancará su tramitación antes del final de año, y que en el decreto ley anunciado por Calvo, lo que se incluirá será la modificación de las leyes cuya reforma se considera urgente para garantizar la correcta gestión de los fondos de la UE. La vicepresidenta explicó que se va a optar por un decreto ley porque estas reformas tienen que estar en vigor con urgencia, pero ha garantizado que después se tramitará como proyecto de ley en el Congreso para recoger las aportaciones de los grupos parlamentarios.
La ley que regula los contratatos con la Administración llegó en
marzo de 2018 con promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Sin embargo, la normativa, una complejísima trama de artículos, sigue sin convencer a los expertos y su objetivo estrella, favorecer a los pequeños licitadores, está muy lejos de cumplirse.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, nombre exacto de esta polémica legislación, es fruto de las exigencias europeas en materia de transparen