Inseguridad jurídica: de la ‘marca España’ al país marcado
Inseguridad jurídica: de la ‘marca España’ al país marcado
De la Marca España, modélica en el mundo, hemos pasado a la España marcada, plagada de inseguridad jurídica y generando dudas entre nuestros socios europeos sobre si las Administraciones Públicas hispanas serán capaces de gestionar los multimillonarios fondos europeos para salir de la crisis. Un giro copernicano en nuestra imagen exterior.
El ataque desde el Gobierno a las instituciones que representan a nuestra democracia envilece nuestra imagen en el exterior, del que depende en buena parte de nuestra economía y genera desconfianza, que se trasluce, por ejemplo, en los constantes revolcones que nuestros candidatos han sufrido en los últimos tiempos para ponerse al frente de las instituciones internacionales.
Ahora más que nunca necesitamos grandes dosis de seguridad jurídica. Ciudadanos y empresas debemos saber a qué atenernos, lo que exige un marco jurídico y legislativo estable, claro y que genere confianza, al igual que deben poder contar con un sistema judicial eficiente y efectivo. Apreciaciones muy lejos de la realidad que estamos viviendo.
Un ejemplo clarísimo de la inseguridad jurídica que nos atenaza a los ciudadanos es el de cambios de condiciones del ministro Illa para levantar el confinamiento de Madrid. Se confina por 500 contagiados, cuando hasta ahora se hacía con 1.000 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con cifras antiguas, y ahora anuncia el ministro que no lo levantará hasta que haya 200, que mañana podrían ser 100.
Esta forma de legislar caprichosamente, según el humor del que se levanta el titular de Sanidad, recuerda mucho a aquellas imágenes impactantes del presidente bolivariano Hugo Chávez, andando por las calles de Caracas, diciéndole a su séquito “exprópiese” un centro comercial, actuación que se hizo sin ningún tipo de justificación jurídica. Tan solo el capricho del mandatario y su imagen electoral.
Amagos impositivos Y en esta misma línea, se pueden incluir los constantes anuncios de impuestos a las multinacionales o a los grandes patrimonios, que luego quedan en nada por su inviabilidad o su reiteración tributaria y que hacen huir a los grandes inversores, tampoco están favoreciendo la recuperación.
Y que se puede decir del panorama de lagunas legislativas en el capítulo de la ‘okupación’ que ponen los pelos de punta no solo a los propietarios de vivienda patrios, sino también a los que vienen de fuera, bien como vivienda propia o como inversión. Y eso que vivimos en buena parte del turismo y de la construcción. Los ‘okupas’ se han aprendido el mantra del alquiler social y en buena parte han pasado a ser carne de cañón de las mafias que revientan las puertas de las viviendas.
Representación de la democracia La ausencia de seguridad jurídica es una de las mayores lacras de nuestro sistema. La falta de certeza por los posibles cambios normativos entorpece las decisiones de inversión una gran medida. La némesis de la democracia es la arbitrariedad. Un poder sin cortapisas y sin control es, por definición, injusto y arbitrario. La confianza es el principal valor a la hora de invertir en un país.
Los ataques de la parte del Gobierno encabezada por el vicepresidente Iglesias, en plena pandemia, a la Monarquía, tratando de deteriorar la imagen de esta institución, representación de nuestra democracia en el mundo, no le salen gratuitos a España. Como tampoco los ataques a la independencia del Poder Judicial cuando el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y Unidas Podemos tienen que sentarse en el banquillo por casos como el montaje del ‘caso Dina’ o el de la consultora chavista Neurona.
Tampoco son ajenos los manejos y nombramientos en la Fiscalía General del Estado, con declaraciones tan fuera de tono como las del fiscal Navajas, justo antes de hacerse cargo de la acusación del ‘caso Dina’ o la retirada del fiscal que presuntamente ‘soplaba’ a una abogada de Podemos los secretos del caso. Y la falta de acuerdo para renovar la cúpula judicial está deteriorando la imagen de España en el extranjero.
España aparece como poco fiable desde un punto de vista judicial y máxime si el Gobierno, en estas condiciones, ante la falta de acuerdo parlamentario decide cambiar las reglas del juego a su medida, aun tratándose de una Ley Orgánica que asegura la separación de poderes. Se olvida que la política es negociación y, sobre todo, consenso.
Ejercicio de la desinformación
España se ha convertido en un país inseguro en estos últimos tiempos. La pandemia sanitaria ha puesto al descubierto las carencias formativas y de gestión del Gobierno de Sánchez, que ha instaurado un auténtico culto a la desinformación y el relato para encubrir la falsedad. A la renuncia de los ciudadanos a libertades constitucionales para hacer frente a la pandemia del Cóvi-19, le ha seguido una deplorable técnica legislativa, llena de improvisaciones y falsedades, con lagunas legislativas estruendosas y mentiras desalentadoras como la existencia del famoso comité de expertos que recomendó las extensiones del estado alarma y que finalmente resulta que no existía, que solamente lo conformaba Fernando
Simón, el virólogo de cabecera de Illa. Este enjuague legislativo ha llevado a que durante los confinamientos nadie sepa si puede ser multado o no, si la política de Ertes se va a mantener, si los autónomos van a disponer de ayudas o no. La guerra de datos hace que sea imposible predecir el futuro inmediato para decidir como actuar. La inseguridad se ha asentado en el campo empresarial.
El espectáculo de los anuncios del Gobierno de que el despido estaba prohibido a quienes se acogiesen a los Ertes para salvar los negocios vieron que lo que en realidad ha sucedido es que se han reducido las causas de despido y este se ha encarecido.
Despidos y cierres pendientes En consecuencia, miles de negocios se mantienen hojeando el calendario para ver pasar los meses y proceder finalmente a los despidos, tras llevar la empresa al concurso de acreedores y a su cierre.
Con un país fuertemente endeudado, que ha superado los máximos históricos de deuda pública, es necesario que los inversores y ahorradores puedan saber con qué beneficios fiscales van a contar a largo plazo y cómo se va a gravar su capital invertido.
Desde la llegada de Sánchez y de Iglesias al Ejecutivo el futuro cercano se ha convertido en un enigma, porque es necesario acudir, por lo menos, a la oniromancia para saber como actuar tan solo a corto plazo.
Como ciudadanos debemos ser conscientes del daño que sobre el bienestar social nos causa la inseguridad jurídica. Simplemente no tener la certeza de cómo cumplir la ley ya es una rémora para la recuperación del país.
La ausencia de seguridad jurídica es una de las lacras de nuestro sistema