Bruselas considera el Plan de Energía una “base sólida” de la recuperación
España destinará más de 26.500 millones a inversión ‘verde’ entre 2021 y 2023
La Comisión Europea considera que el Plan español de Energía y Clima “constituye una base sólida” para diseñar la vertiente verde de las inversiones destinadas a superar la pandemia, e invita al Gobierno a usar los abundantes fondos europeos que el país recibirá hasta 2027 –cerca de 140.000 millones de euros–, para materializarlo. Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable del documento, ha considerado que la valoración de Bruselas “en todos los campos es muy positiva”.
El Ejecutivo comunitario ha publicado su evaluación final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta para que en 2030 España reduzca las emisiones de CO2 un 23% con relación al nivel de 1990 y contribuya al objetivo europeo de bajarlas un 40%. Su materialización exige invertir 241.400 millones durante la década –aumentará el PIB un 1,8% en 2030– y debería crear hasta 350.000 empleos netos adicionales, así como reducir un 27% las muertes prematuras por contaminación.
En junio de 2019, tras analizar el primer borrador del PNIEC, Bruselas ya manifestó una opinión favorable, pero trasladó a España ocho recomendaciones que, de acuerdo con la evaluación final, “se han cumplido en su mayor parte”: el Gobierno únicamente ha ignorado totalmente el aumento de la cooperación internacional; todas las demás peticiones se han tenido en cuenta total o parcialmente.
Entre las deficiencias que se mantienen, en el ámbito de la energía destacan que no se defina una senda de crecimiento con tres objetivos intermedios para cada sector, esto es, la electricidad, los usos térmicos y el transporte, así como la falta de un análisis sobre el impacto de la biomasa y los biocombustibles, sobre todo en los recursos hídricos y el suelo.
Mucha ambición en ahorro En eficiencia energética, la Comisión llama la atención sobre la ausencia de obligaciones de ahorro –los denominados certificados blancos– y sobre “el aumento significativo de la escala” de los objetivos –aspira a bajar el consumo un 40%–, subrayando que no hay una evaluación de las medidas para conseguirlo.
Lo mismo sucede con la rehabilitación de inmuebles: Bruselas da la bienvenida a la meta de actuar sobre 1,2 millones de edificios residenciales, pero encuentra escasos
Eólica**
Solar fotovoltaica
Solar termoeléctrica
Hidráulica
Bombeo Mixto
Bombeo Puro
Biogás
Otras renovables
Biomasa
Carbón
Ciclo combinado
Cogeneración
Fuel y Fuel/Gas***
Residuos y otros
Nuclear
Almacenamiento detalles sobre cómo hacerlo, lo que le impide valorarlo. Tras el PNIEC, el Gobierno ha elaborado una Estrategia de rehabilitación energética de la edificación a largo plazo que el análisis no considera.
En el capítulo del impacto social y la transición justa, el PNIEC se vuelca en la pobreza energética, pero “pasa por alto” los previsibles efectos negativos que producirán los cambios laborales –excepto en el caso de la industria extractiva– o de las medidas fiscales para impulsar los vehículos eléctricos.
Borrón mayor hay en el caso de la I+D y la competitividad: el Gobierno ha cumplido la petición de aclarar cómo va a financiar su mayor peso, ni ha establecido políticas ni medidas cuantificadas en horizontes temporales definidos.
18.000 millones en ayudas En su primera evaluación, la Comisión reclamaba más información sobre los subsidios a la energía –el primer borrador solo incluía 3.000 millones para los combustibles fósiles– y el Gobierno ha aumentado la cifra hasta los 18.000 millones, el 1,5% del PIB, al incluir las ayudas a las renovables y otras partidas para todas las fuentes y la nuclear.
Finalmente, Bruselas tampoco encuentra suficientemente detalladas las fuentes de financiación del PNIEC –“solo se proporcionan para unos pocos ejemplos”, como en las interconexiones con Francia–, ni tiene claro cómo se han calculado los 241.412 millones que tendrán que invertirse hasta el final de la década, de los que un 20% tendrán origen público.