El presidente ni se inmuta por que protesten los jueces ni tiende la mano negociadora
Jueces y magistrados están absolutamente en contra de la propuesta de asalto al poder judicial propuesta por PSOE y Podemos y que está recibiendo las críticas de la Unión Europea. En el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bullen las propuestas para hacer frente a lo que consideran una actuación extremadamente grave, puesto que apunta a poner fin a la actual representación de todas las sensibilidades del colectivo.
El CGPJ dejado una y otra vez en sus informes a Bruselas de que el sistema de elección actual, con los 3/5 de la Cámara como garantía de pluralismo, es fundamental para mantener la separación de poderes y la independencia judicial. Incluso acaba de publicar una encuesta, realizada por Metroscopia, que revela un claro interés de los jueces por erradicar no solo la injerencia del Ejecutivo, sino cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial. Además, los togados se manifiestan de forma mayoritaria (90%) a favor de que los doce vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados por elección directa por los miembros de la Carrera Judicial. Y este mismo porcentaje cree que es necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.
Tres de las cuatro asociaciones judiciales (se desmarcó la proclamada como progresista, Jueces y Juezas para la Democracia) han mostrado públicamente su preocupación en un manifiesto conjunto en el que denuncian que el sistema de elección planteado por PSOE y UP choca frontalmente con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) y, además, que preservar la independencia del Poder Judicial es vital para la democracia.
El ataque a la independencia judicial, por un Gobierno que tiene un vicepresidente en espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre su imputación y en vías de que se habrá la veda de demandas por la gestión de la pandemia, ha llevado a que dos de ellas, las mayoritarias, la APM y la AJFV, han acordado que no acudirán a las reuniones convocadas por Justicia mientras se mantenga la reforma, porque consideran que no se puede hablar con quien “justifica, promueve y apoya un proyecto que ataca de plano a la independencia judicial y sitúa a España fuera de los valores europeos de separación de poderes”.
Lo que no esperaba el Ejecutivo es una reacción como la de Bruselas de esta semana, mostrando su preocupación de una manera oficial por la deriva abierta en España. Se dejaba entrever que podrían congelarse los fondos destinados a España. Y, además, tampoco esperaba el ‘abrazo del oso’ de los polacos, que pugnan por imponer un sistema judicial doblegado al poder Ejecutivo. Cuando aquí se ve a miembros del Gobierno cargar contra los jueces incómodos, la imagen que da Bruselas sobre la reforma polaca pone los pelos de punta, porque lo que empezó siendo una elección politizada ha acabado instaurando un régimen disciplinario sin las salvaguardas adecuadas para proteger la independencia judicial. Los jueces pueden ser sancionados por el contenido de sus decisiones judiciales, incluso por plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.
Y en medio de este maremágnum, el presidente Sánchez vuelve a tender la mano a la oposición para negociar, pero como siempre, apelando a sumarse a sus razones y descalificando argumentos y personas. Una forma clara de no tener interés alguno de llegar a un acuerdo. Instalado como está en una lamentable técnica legislativa que va segando el papel de las instituciones del Estado.
El lunes tiene anunciado el líder del PP que presentará en el Congreso un texto alternativo, que da el poder de elección a los jueces.
Únicamente Europa parece la solución a este nuevo capítulo de la política española.