La expectativa de igualdad de trato fiscal de los ETF muere en verano

El Congreso aprobará en la ley antifraude que el traspaso tiene coste fiscal

Aunque no es ninguna novedad que los inversores no contarán con la ventaja fiscal de la traspasabilidad entre ETF internacionales (comunitarios y armonizados) y fondos de inversión, desde que el Ministerio de Hacienda zanjó hace tres años el tema, lo cierto es que se trata de un asunto que se encuentra en el limbo jurídico hasta que salga adelante el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que pone negro sobre blanco esta imposibilidad, y está previsto que se apruebe en el Congreso de los Diputados antes del verano.

Este Proyecto de Ley prevé que, desde enero de 2022, se proceda a “homogeneizar el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados, con independencia del mercado, nacional o extranjero en el que coticen. Así, se extiende a las instituciones de inversión colectivas que coticen en bolsas extranjeras el tratamiento de las que cotizan en la bolsa española: esto es, la no aplicabilidad del régimen de diferimiento”.

En su momento, plataformas de intermediación, grandes gestoras de fondos cotizados, alguna firma de banca privada y varios brókeres vieron una oportunidad en desarrollar las aplicaciones tecnológicas necesarias para poder realizar las peticiones de traspasos entre ETF comunitarios y fondos de inversión, lo que abría una importante vía de negocio con el cliente minorista, más allá de los inversores institucionales, tradicionales usuarios de los fondos cotizados.

El punto de inflexión fue una respuesta de la Dirección General de Tributos en 2016, ante las dudas planteadas por BlackRock, que permitía a los ETF europeos y armonizados beneficiarse de la posibilidad del traspaso con diferimiento fiscal si cumplían ciertas condiciones, como que la compraventa de los fondos cotizados en una bolsa diferente a la española se realizara a través de una cuenta ómnibus por una entidad financiera.

A partir de ese momento, las plataformas se pusieron manos a la obra para tener lista la tecnología que facilitara el trasvase entre productos. En marzo de 2018, Allfunds, el mayor distribuidor de fondos de inversión en España y uno de los líderes mundiales, anunciaba que tenía preparada su herramienta, mientras que en octubre era Inversis quien lo hacía público. Diaphanum fue la primera firma de asesoramiento financiero en permitir esta operativa. Pero antes de que terminara ese mes el Ministerio de Hacienda, ya en manos de la socialista María Jesús Montero, echaba un jarro de agua fría sobre la posibilidad de traspasos con fondos de inversión al decidir incluir en el proyecto de ley de medidas la homogeneización del tratamiento de ETF españoles e internacionales.

De esta forma se daba por zanjado un tema que había suscitado muchas esperanzas y un fuerte desembolso para adaptar las plataformas tecnológicas pero que, con la incertidumbre política, se había quedado en el limbo jurídico. De hecho, la convocatoria de elecciones en 2019 fue aplazando la entrada en vigor de la norma que, si no sucede nada, verá la luz antes del verano.

La norma entrará en vigor a partir del próximo año, pero nada impedía que durante este tiempo se hubieran aplicado los traspasos. El problema era que ningún bróker se atrevía a hacerlo ante las dudas que generaba y la previsible entrada en vigor de la prohibición, que se fue dilatando en el tiempo. Las entidades financieras eran, además, las menos interesadas en aplicar esta posibilidad, ante la competencia que suponía para sus propias carteras de gestión discrecional.