UN NUEVO CONTRATO SOCIAL ECOLÓGICO
Como investigador sobre política climática, me preguntan a menudo: ¿cuál es el mayor obstáculo para la descarbonización? Mi respuesta ha cambiado profundamente en los últimos dos años. Antes, solía apuntar a una compleja combinación de falta de tecnologías verdes competitivas en costes y ausencia de voluntad política. Hoy, apunto a algo más. Algo menos tangible, pero posiblemente más desafiante: la ausencia de un contrato social en este ámbito.
La revolución verde ya está en marcha, impulsada por una asombrosa reducción del coste de las tecnologías sostenibles y por un impulso global para la neutralidad climática a mediados de siglo. Así pues, cabe preguntarse: al converger rápidamente una tecnología verde más barata y una ambición política sin precedentes, ¿qué podría salir mal? Por desgracia, la situación no es tan sencilla como parece. Cuanto más avanza, la descarbonización reconfigura nuestras economías y afecta a nuestros estilos de vida. Nada quedará sin tocar en el proceso: el mundo será profundamente diferente del que conocemos hoy.
Una transformación tan radical también planteará cuestiones sobre quién debe asumir el coste de la acción climática, tanto dentro de los países como entre ellos. Esto llamará la atención sobre la necesidad de garantizar que el coste de la acción climática no recaiga desproporcionadamente en los más vulnerables, exacerbando la desigualdad. De hecho, las políticas deben diseñarse de forma que mejore la igualdad social. Y esto es precisamente lo que debería ser el nuevo contrato social verde.
La experiencia francesa con el llamado movimiento de los chalecos amarillos representa el ejemplo más claro de los peligros y vientos políticos en contra a los que pueden enfrentarse los gobiernos de todo el mundo cuando intentan separar a sus ciudadanos de los combustibles fósiles. Las políticas climáticas deben ir acompañadas de mecanismos de compensación que amortigüen el golpe para los más vulnerables. Esto es exactamente lo que un grupo de economistas, entre los que se encuentran 28 premios Nobel y cuatro expresidentes de la Reserva Federal entre ellos Janet Yellen-, han pedido en EEUU la imposición de un tributo sobre el carbono, junto con un sistema de compensación para que los ingresos de ese tributo repercutan en los ciudadanos a través de reembolsos, para garantizar que los más vulnerables se beneficien económicamente recibiendo más en “dividendos del carbono” de lo que pagan en el aumento de los precios de la energía. Este debate, que ilustra cómo las consideraciones de equidad y justicia deben incorporarse al diseño de las políticas climáticas, representa la dimensión nacional del contrato social verde que debemos desarrollar.
Estas consideraciones de equidad y justicia van más allá de las fronteras nacionales. A medida que los países desarrollados amplíen las acciones climáticas nacionales, es probable que introduzcan medidas -como los impuestos fronterizos sobre el carbono- para garantizar que sus industrias no sufran una competencia desigual por parte de empresas con sede en países con una política climática débil. La introducción de este tipo de medidas, ya en fase de desarrollo en la UE, también fue prometida por Joe Biden en su campaña electoral. Boris Johnson considera ahora utilizar su presidencia del G-7 para intentar forjar una alianza sobre los impuestos fronterizos al carbono. Pero la introducción de impuestos fronterizos sobre el carbono podría afectar a las economías de los países más pobres. Al igual que con los impuestos nacionales sobre el carbono, este problema puede evitarse teniendo en cuenta la equidad y la justicia en el diseño de las medidas. Una opción sería simplemente eximir a los países más pobres de las tasas fronterizas. Este debate debería estar en el centro de la dimensión internacional del nuevo contrato social verde.
Gracias a los avances de la tecnología verde y al impulso político, el mundo tiene por fin la oportunidad de revertir su fracaso en la lucha contra el cambio climático. Ahora tenemos que asegurarnos de que la acción climática se diseñe de forma que mejore la igualdad social. Las soluciones políticas existen, pero requieren un debate adecuado y una aplicación cuidadosa. A nivel nacional, los países pueden aprender de Francia, que reaccionó a la crisis de los chalecos amarillos con el lanzamiento del Consejo Ciudadano sobre el Clima, un experimento de democracia directa destinado a identificar soluciones para fomentar la descarbonización, garantizando al mismo tiempo la equidad social y la justicia. A nivel internacional, esto puede hacerse poniendo la equidad y la justicia climática en el centro de las próximas conversaciones de la ONU sobre el clima en Glasgow. Este tipo de acciones son fundamentales para garantizar el apoyo social a largo plazo a la transición verde, y para evitar su descarrilamiento, que tendría consecuencias catastróficas para el planeta. Ha llegado el momento de establecer un nuevo contrato social ecológico.
Urge garantizar que el coste de la acción climática no recaiga sobre los más vulnerables