Cabify, multada en Cataluña por contratación fraudulenta
La Generalitat sanciona con 735.000 euros a la empresa y otras tres compañías vinculadas
La Inspección de Trabajo de Cataluña ha sancionado con 735.000 euros a Cabify, dos empresas subcontratistas (Lopez Rubio y Proinvertia) y una ETT (JT Hiring) por la cesión ilegal de 120 trabajadores, que con este incumplimiento de la normativa laboral salen perjudicados, según informó este miércoles la Generalitat, que tiene las competencias transferidas.
La cuantía total de la multa, por infracción muy grave y que Cabify recurrirá, se reparte en 431.275 euros para la empresa de servicios de transporte de pasajeros en vehículo con conductor, 243.745 euros para Lopez Rubio y Proinvertia, y 60.000 para JT Hiring.
La Inspección de Trabajo de Cataluña inició una investigación en febrero de 2020 y considera que las dos empresas de transporte subcontratistas suministran la mano de obra ilegal a Cabify, y que la ETT formaliza los contratos de puesta a disposición fraudulentos.
Precariedad Estos trabajadores sufren inferiores condiciones económicas, de vacaciones, de horarios y descansos, permisos y menor capacidad de representación sindical y judicial, ya que se les aplica un convenio colectivo inferior al que les correspondería si fueran contratados directamente por Cabify.
Una vez hecha la propuesta de sanción, la Inspección de Trabajo de Cataluña comunicará por carta a todas las personas trabajadoras afectadas que pueden solicitar judicialmente ser contratadas directamente por Cabify.
Desde la compañía respondieron ayer que las actas de infracción notificadas a Cabify por la presunta cesión ilegal de trabajadores “carecen de fundamento jurídico”, según indicaron a elEconomista fuentes de la empresa.
Cabify presentará las alegaciones y recursos correspondientes, defendiendo su modelo de negocio: “Estamos convencidos de que las sanciones propuestas son contrarias a Derecho. La compañía española de movilidad siempre ha actuado acorde a la legalidad, tanto en el servicio que ofrece como en la forma de prestarlo, a través de un modelo de éxito que puede exportarse a otros países o incluso a otros sectores de la economía”.
Cabify volvió a operar en Barcelona en marzo de 2019, tras unos meses de ausencia para adaptarse a la nueva normativa catalana de los VTC. Trabaja a través de su filial Prestige & Limousine, que se dedica al transporte de pasajeros y puede hacer la prestación directa de este servicio.
La AMB ha abierto expediente a siete taxistas de los 48 con los que Uber ha vuelto a Barcelona
Expedientes a Uber Su principal competidor, Uber, anunció su vuelta a Barcelona este mes de marzo a través de acuerdos con 350 taxistas, pero de momento su app solo funciona con 48 taxistas, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha abierto expedientes informativos a siete taxistas, ya que sostiene que Uber no cuenta todavía con los permisos necesarios para funcionar en la capital catalana, por lo que ha realizado un requerimiento a la compañía para que aporte información que demuestre su adaptación a la legislación vigente. la renovación del parque y el impulso de la electrificación. La idea es llegar a los tres millones de turismos electrificados en el parque en 2030 con un mantenimiento del mercado en un entorno de 1,3 millones de entregas anuales. A juicio de López-Tafall, “tenemos y tendremos vehículos electrificados suficientes para lograrlo, la apuesta de las marcas es clara y contundente pero no va a ser suficiente”. Ante esta situación, López-Tafall consideró “imprescindible” avanzar en las infraestructuras de recarga, algo que no puede hacer el sector. “Tenemos que multiplicar por seis los puntos de recarga de acceso público instalados antes de acabar el año que viene, por más de 15 de cara al cierre de 2025 y por más de 40 para 2030. Esto nos dará un mallado de puntos de recarga públicos de más de 360.000 puntos”.
Sobre el modelo fiscal, la patronal propuso una reforma profunda
España tiene que multiplicar por seis los puntos de recarga antes de acabar 2022