La recaída del primer semestre añade otro 3,7% más el déficit
El retraso de fondos, la rebaja del PIB y la baja recaudación costarán 40.000 millones
La recaída económica del primer semestre daña las cuentas públicas españolas y amenaza con añadir otro 3,7% al déficit este año. El retraso en la llegada de los fondos europeos, la rebaja en las expectativas de crecimiento y los malos datos de recaudación del primer semestre costarán 40.000 millones de euros en ingresos, mientras los gastos mantienen su tendencia al alza, con más pasivo estructural. La situación del desajuste en las cuentas españolas, que terminó 2020 con un déficit del 11% por el coste de la pandemia, será casi imposible de corregir este ejercicio. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional sitúan el resultado de las cuentas en el -9% para este año. Sin embargo, esta cifra se calculó cuando el Gobierno estimaba un crecimiento del PIB para este año de en torno al 8%.
La recaída económica del primer semestre daña las cuentas públicas españolas y amenaza con añadir otro 3,7% al déficit este año. El retraso en la llegada de los fondos europeos, la rebaja en las expectativas de crecimiento y los malos datos de recaudación del primer semestre costarán 40.000 millones de euros en ingresos, mientras los gastos mantienen su tendencia al alza, con más pasivo estructural.
La situación del desajuste en las cuentas españolas, que terminó 2020 con un déficit del 11% por el impacto de la pandemia será casi imposible de corregir este ejercicio. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional sitúa el resultado de las cuentas en el -9% para este año. Sin embargo, esta cifra se calculó cuando el Gobierno estimaba un crecimiento del PIB para este año de en torno al 8%. La semana pasada el Ejecutivo confirmó el mal desempeño de las economía española y rebajó al 6,5% el PIB previsto para este año, siete décimas menos que su última previsión. El consenso internacional sitúa ya las previsiones de crecimiento en solo el 5%.
Por cada punto de crecimiento que pierde la economía española en las estimaciones, el déficit público suma dos décimas adicionales. A esto, hay que sumar los 27.000 millones de euros de Bruselas consignados en el presupuesto como ingresos y que, por el momento, no están. La llegada de los fondos europeos podría retrasarse más allá del verano después del freno del Constitucional alemán.
“La situación hace que haya un riesgo muy alto de que el déficit cierre 2021 por encima del ya terrible dato de 2020, el 11%”, apunta el economista Javier Santacruz. “Esto lo que hace es convertir a las cuentas publicas en algo absolutamente insostenible y quizás se podría arreglar si se lograra corregir este año, pero plarece no solo que no bajará, si no que hay un grave riesgo de que suba”, añade Santacruz.
En la misma línea, Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis AM, apunta al problema del déficit estructural. La Comisión Europea predice que el déficit público estructural de España seguirá creciendo hasta el 7,2% del PIB en 2022. Este sería el mayor déficit desde 2010 –2009 es el récord– y el mayor dentro de la eurozona. “La mitad del déficit lo está generando este gasto estructural que no se va a reducir cuando se recupere la economía”, explica Daniel Lacalle. “La unica manera en que se podría bajar parte del déficit este año sería por la vía de la inflación y por el efecto mitigador si finalmente llegan algunos de los ingresos del paquete de ayuda de la UE”, añade.
Aumenta el gasto
El desajuste estructural es ya el 50% del déficit y no desaparecerá tras la pandemia del Covid
El déficit estructural para 2020 pasó desde alrededor del 3% de los últimos años hasta un 6,8%. El indicador llegó a ser de un 9,2% en 2009 con la anterior crisis. El Gobierno insiste en sus alzas al gasto corriente, frente a las inversiones productivas que exige Bruselas ante el desvío del déficit a causa de la crisis del coronavirus.
Para el nuevo Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno asume un gasto de 1.500 millones de euros para este ejercicio, que se sumará a los otros 1.500 millones de este año. En cuanto a la revalorización de las pensiones, el Ejecutivo prevé una subida incluso superior a la de 2020 y la sitúa en 1.292 millones de euros. Además, las medidas se añaden a la ampliación de las ayudas como los Erte o las moratorias al alquiler y la suspensión de desahucios.
La situación ha provocado que se dispare el volumen de gasto público y su peso sobre el conjunto de la economía. Solo la protección social en prestaciones, pensiones, subvenciones y ayudas es el 50% de este gasto público, unos 226.000 millones de euros. Las medidas del Ejecutivo desembocan en que se pase de destinar a gasto público un 42,1% en 2019 al 50,8% que se prevé para 2021. Ya en 2020 se rebasó este nivel por vez primera en la serie histórica al alcanzar el gasto público el 52% del PIB anual.
“España presenta un cuadro financiero quebrado, con una deuda impagable y descontrolada, un déficit público a modo de hemorragia que nos desangra, una economía
decadente, un sector privado en caída libre, con un tejido empresarial en la cuerda floja y un insolvente sector público que va ganando posiciones en pos de convertir nuestro sistema económico en una economía socialista o planificada, con pleno intervencionismo del Estado”, advierte el profesor José María Gay de Liébana.
Mala recaudación
Tal y como adelantó elEconomista la semana pasada, la subida de impuestos firmada por el Gobierno para 2021 recaudará 2.898 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La cifra es menos de la mitad de los 6.100 millones de euros que aseguró el Ejecutivo que ingresará. La AIReF desmonta así las previsiones de ingresos enviadas a Bruselas, que se imputarán directamente al déficit.
La AIReF, en su último Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2021, rebaja de nuevo las expectativas de recaudación del Gobierno. En concreto, sostiene que ingresará 1.104 millones de euros menos que sus últimas previsiones, cuando ya había bajado a 4.002 millones de euros las “optimistas” cuentas del Ejecutivo enviadas a Bruselas.
“Se reduce respecto al informe anterior, fundamentalmente en medidas sobre fiscalidad medioambiental”, apunta el documento. Según la AIReF, los llamados impuestos verdes -que incluyen los impuestos sobre el plástico y los residuosapenas recaudarán 313 millones de euros este año. “Los cambios se derivan del rechazo durante el trámite parlamentario del incremento de tipos de gasóleo, de la revisión de las estimaciones de los impuestos sobre envases de plástico de un solo uso y del impuesto sobre residuos, del ritmo de tramitación de la Ley de lucha contra el fraude, y de la exclusión de los yogures líquidos del aumento del IVA sobre bebidas azucaradas”, destaca el informe.
Para incrementar la recaudación, Hacienda seguirá por la vía de la expansión fiscal, en contra del criterio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El organismo emitió un duro informe la semana pasada contra la subida de impuestos que anunció María Jesús Montero. La ministra presentó a los 17 integrantes del comité de expertos que analizará la reforma fiscal que pretende impulsar el Ejecutivo con el objetivo de acercar la presión fiscal de España a la media europea. La intención es que el trabajo de los expertos permita ejecutar los cambios fiscales de cara a 2022 con impuestos como el de Sociedades o el de Patrimonio en el foco.
Además, Montero retomará el año que viene el impuesto al diésel tras los malos datos de recaudación de los llamados impuestos verdes este año. El “grupo de expertos” estudiará la tramitación de nuevo de un impuesto a los hidrocarburos que penalice al gasóleo, según han confirmado a elEconomista fuentes cercanas al Ministerio. Montero ya intentó en los Presupuestos de este año introducir la medida, que finalmente no se aprobó tras las negociaciones con sus socios. El resto de impuestos medioambientales han fracasado y la recaudación apenas llegará a los 313 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El Gobierno aseguró una recaudación de 1.311 millones de euros.
La previsión de recaudación para este año se ve mermada, sobre todo, por la paralización del impuesto al diésel. Sin embargo, las otras figuras aprobadas, como el impuesto sobre los residuos, apenas lograrán ingresar la mitad de lo presupuestado. Generarán 215 millones de euros, frente a las estimaciones de 431 millones de euros de finales de 2020. La ministra Montero retiró el impuesto al diésel en las negociaciones de Presupuestos, aunque aseguró entonces que frenaba su tramitación “de momento”. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que el grupo de expertos presentado esta semana por Montero “pondrá el énfasis en el estudio de la fiscalidad medioambiental”.
Cae la actividad económica
Las restricciones decretadas por el Gobierno en el estado de alarma han provocado un recorte del crecimiento económico para este año. El consenso internacional lo sitúa en torno al 5%, lejos de las previsiones que maneja el Gobierno.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado una rebaja en las previsiones económicas del Gobierno de siete décimas para este año. El nuevo cuadro incluye un incremento del PIB del 6,5% frente al 7,2% anterior. Según sus previsiones, la economía aumentará su crecimiento en 2022 hasta el 7%. La ministra ha dicho que habrá una recuperación completa del PIB a finales de del año e insiste en una
asimétrica. También ha adelantado una mejora de la tasa de paro.
“Se trata de una previsión prudente, realista y muy alineada con los pronósticos de los analistas nacionales e internacionales”, ha afirmado la ministra. El Gobierno se rebajó sus previsiones después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentara su Monitor Fiscal, que proyecta que mantendrá a medio plazo el mayor déficit entre las grandes economías.