Balance de un modelo caduco y una gestión ineficiente
A la hora de instrumentar el fondo de recuperación que probablemente traiga a España una histórica suma de dinero, es inevitable hacer balance de las tres décadas y media de pertenencia de España a la Unión Europea. Un tiempo en el que nuestro país se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de los fondos comunitarios tanto en términos de flujos netos como en relación al PIB de los Estados Miembros, sin los cuales no habría sido posible el proceso de modernización de la economía española.
Sin embargo, detrás de los 177.000 millones de euros recibidos en términos netos entre 1986 y 2020, se esconde un serio problema de eficiencia y de modelo que se empezó a revelar cuando a partir del Marco Financiero Plurianual 2007-2013 el grueso de los fondos estructurales se redirigió desde las infraestructuras hacia proyectos y líneas específicas para las cuales ni el Gobierno central ni los Gobiernos autonómicos tenían una estructura adecuada para emplear con eficiencia el dinero recibido, con un sistema de rendición de cuentas claro y transparente y una medición de resultados que fuera más allá de toneladas burocráticas. Al mismo tiempo, otro elemento problemático es la necesidad de cofinanciación de una parte sustancial de las inversiones, donde la contraparte española no era capaz de poner su parte por problemas presupuestarios o coyunturales con independencia del nivel de administración.
La suma de estos factores ha llevado, a día de hoy, a una más que mejorable ejecución de los fondos estructurales, de cohesión y otros como el caso del segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC). Hasta que no se produzca un cambio sustancial del modelo de gestión y aplicación de los fondos, se perderá una parte importante del impacto positivo de las inversiones procedentes de fondos comunitarios. Esto exige una profunda reforma administrativa que conecte a todas las administraciones que intervienen en una actividad económica concreta o política social susceptible de recibir financiación europea para crear una trazabilidad exhaustiva del estado inicial del proyecto, su ejecución y los resultados que genera.