Moncloa recortará la penalización al 90% de jubilaciones anticipadas
El cambio beneficia a 45.000 trabajadores
En la reforma de pensiones que pefila el Gobierno, el alineamiento de la edad efectiva de jubilación (64,5 años) y la legal (66 años) descansa en unos cambios de las penalizaciones por la salida anticipada que según el borrador al que ha tenido acceso este diario, beneficia al 90% de trabajadores que quieran acogerse a esta figura, unos 45.000.
El pasado año 2020 se produjeron en España un total de 285.870 altas de jubilación en la Seguridad Social. De ellas, 109.581, es decir, un 38,3% se produjeron antes de los 65 años, la edad fijada por ley para el retiro en el pasado ejercicio. Y de estas últimas, 54.000 altas de jubilación anticipada se produjeron de forma voluntaria, es decir, un 49,2% de todas las altas prematuras en el sistema de jubilaciones de la Seguridad Social.
Ahora bien, según la reforma de pensiones que está abordando el Gobierno con los agentes sociales en estos momentos, el alineamiento de la edad efectiva de jubilación (64,5 años) y la edad legal (66 años en 2021) descansa en una reforma de las penalizaciones por la salida anticipada del mercado laboral y de los incentivos para mantenerse en el puesto de trabajo por encima de la edad establecida por ley para el retiro. Y según la propuesta de coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas que ha puesto el Gobierno encima de la mesa de diálogo social y a la que ha tenido acceso elEconomista, el 90% de los trabajadores que quieran ir a la jubilación anticipada de forma voluntaria verán reducida su penalización con la propuesta del Gobierno, unos 45.000 empleados tomando la cifra de 2020.
Concretamente, el pliego de coeficientes propuesto por el Gobierno ya recoge una flexibilización al aumentar el número de supuestos en los que el trabajador abandona el mercado laboral antes de cumplir los 66 años dentro de un periodo de dos años –en España la ley permite la jubilación anticipada 24 meses antes de alcanzar la edad legal que se establezca en cada momento–. De modo, que si actualmente los coeficientes se aplican por trimestres (por lo que son 8 los supuestos de reducción con diferentes coeficientes, y a la baja a medida que se aproxima a la edad legal) ahora serán 24 los supuestos, por lo que se flexibiliza la elección del empleado en función de la penalización que esté dispuesto a asumir. Además se establecen cuatro criterios según los años cotizados –menos de 38 años y 6 meses; más de 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses; más de 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses; y más de 44 años y 6 meses cotizados–, por lo que las posibilidades para el retiro voluntario ascienden a 96 (diez veces más que ahora) y solo en 8 casos el coeficiente propuesto por el Gobierno endurece el actualmente establecido.
Es más, si bien es cierto que la medida busca ganar ese año a la edad efectiva de jubilación, solo en los primeros meses de la anticipación se agravan las penalizaciones. En este sentido, aunque fuentes oficiales apuntan que no se ha mapeado las pensiones que abandonan en esos meses primeros, cabe recordar que uno de los argumentos de esta parte de la reforma descansa en que son las rentas altas las verdaderas beneficiadas de este esquema de desincentivos.
El principio argumental es claro: las penalizaciones en las pagas de jubilación se aplican sobre la base reguladora del eventual beneficiario de la pensión. Si el sueldo es alto, el porcentaje de reducción que se aplica a su base puede implicar que incluso una vez descontado este porcentaje la base siga por encima y le corresponda la pensión máxima. En un cálculo medio, se estima que la penalización en la pensión
Las penalizaciones recaerán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora
es del 2% en las rentas altas que adelantan dos años su retiro –serían rentas a partir de los 48.000 euros anuales–. Mientras que en las rentas medias la penalización media asciende al 6,5%, según estimaciones de la Seguridad Social.
Por ello, otro de los puntos de la reforma de las jubilaciones anticipadas voluntarias es precisamente la aplicación de estos coeficientes reductores no sobre la base reguladora como ocurre en este momento sino directamente sobre la pensión, descontando el porcentaje a reducir sobre la cuantía final.