El juez mantiene el embargo de bienes a Rato al no abonar la fianza de 65 millones
El magistrado ya le retuvo inmuebles y cuentas por valor de 18 millones en 2015
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado mantener el embargo de bienes al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, al no abonar la fianza de 65,1 millones exigida en el auto de procesamiento en el que se le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio y por la que Anticorrupción le pide 70 años de cárcel.
El magistrado impuso esta fianza para cubrir las responsabilidades pecuniarias que fije la futura sentencia, que finalmente podrían ser tanto mayores como menores. Rato, según el juez, no ha abonado la fianza en plazo y por tanto se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
Cabe recordar que dentro de esta causa, pero en 2015, cuando estalló el caso a raíz de la denuncia de la Agencia Tributaria, SerranoArnal
ya fijó el embargo de bienes a Rato por 18 millones. Entonces, el magistrado le embargó la pensión que le correspondía por haber sido director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2004 y 2007, cantidad que asciende a 70.000 euros anuales.
Asimismo, también se le embargaron inmuebles y suelos y una treintena de cuentas. Muchos de los bienes retenidos no estaban a su nombre. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción apuntó en un informe de 2016 que el exvicepresidente tenía la mayoría de su patrimonio en el extranjero. Entre las propiedades que sí estaban a su nombre o bajo sus empresas, destacaban siete inmuebles en Madrid, una participación en un centro comercial y un hotel en Berlín (Alemania).
Rato acudió el viernes a los juzgados de Plaza de Castilla para recibir la notificación. A su salida, lamentó que ninguno de los tres delitos principales por los que se le detuvo en 2015 figuren en el auto que le envía a juicio. Además, alegó que los delitos fiscales por los que se le acusa son trabajos profesionales a través de sociedades, lo que considera una “práctica habitual” por la que “personas muy relevantes como expresidentes de Gobierno nunca han sido llevados por la vía penal sino por la vía administrativa”.