Pensiones, IPC y fiscalidad
laboral- se ha dejado explícitamente abierta, con el fin de que quede espacio para el acuerdo y el respaldo de los interlocutores sociales”.
Y es en este aspecto donde Europa es insistente. No pasará por alto una reforma que no lleve acuerdo y diálogo social, exigiendo la participación de las fuerzas políticas y los agentes sociales, además de transparencia, participación de los territorio y libertad de concurrencia.
Abunda en este último aspecto CE indicando que “es fundamental garantizar la aceptación del Plan por parte de los agentes implicados en la aplicación de las reformas y las inversiones, como las autoridades regionales y locales de España. Estas autoridades son competentes en ámbitos como la salud, la educación y la formación profesional”.
La Comisión pone condiciones muy específicas, en el caso de que España decidiese introducir una reforma que no fuera encaminada en el sentido de flexibilizar aún más el mercado laboral, y a ese respecto añade: “Aunque España no ha podido indicar cuáles serán las modificaciones que está previsto introducir en el sistema, para no prejuzgar el resultado del diálogo social a este respecto, la reforma ha de ir acompañada de un informe de evaluación ex ante de las carencias de la legislación vigente en materia de convenios colectivos”.
Además de requerir unos presupuestos prudentes a medio plazo, y de garantizar la sostenibilidad de la deuda, mejorando la inversión, la Comisión indica sobre España que “la reforma del sistema de pensiones prevista como parte del componente 30 -hay 30 componentes en el plan- incluye medidas que vuelven a vincular las personas al índice de precios al consumo (IPC) de forma permanente y que disocian los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida”. Ahora bien -señala-, “dichos elementos incrementarán el gasto a medio y largo plazo, a menos que su repercusión se viese suficientemente equilibrada con medidas compensatorias”.
En materia fiscal, España se compromete antes de 2023 a reducir el gasto y a aumentar los ingresos fiscales con más impuestos. Asimismo, anuncia la creación de una Oficina de Auditoria de Contrataciones, oficina que recalca Europa, “llega tarde”, añadiendo que “los ajustes en secciones fundamentales del PGE son el instrumento más directo para garantizar el plan”.