Aún existen barreras para el desarrollo del vehículo eléctrico en España

Hace tres años Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en aquel momento y actual vicepresidenta tercera del Gobierno de España, manifestaba que el diésel tenía los días contados. Un mensaje que, aunque generó y sigue generando rechazo, se reforzaba con el establecimiento por parte de varios países y ciudades de fechas para la prohibición de la venta de vehículos diésel y gasolina y con el Pacto Verde Europeo en 2019 que fijaba dicha fecha en 2035.

Pero ha sido el pasado 14 de julio, con la aprobación del paquete climático FIT for 55, donde por primera vez la Comisión Europea plantea como medida vinculante que en dicho año se dejen de vender turismos y furgonetas de combustión permitiendo solo los eléctricos puros y de hidrógeno.

Y es que los objetivos a alcanzar los conocemos desde hace ya tiempo. A nivel europeo y con ello a nivel nacional, tenemos fijado el objetivo para 2050 de ser climáticamente neutros y alcanzar un 90% de reducción de emisiones generadas por el transporte. Para ello, tenemos como objetivo intermedio alcanzar una reducción del 55% de emisiones de CO2 en 2030, lo que para España supondrá tener 5 millones de vehículos libres de emisiones, un punto de recarga cada 60 km y un surtidor de recarga de hidrógeno cada 150 kilómetros. Y en dos años, en 2023, deberemos tener más de 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados. Sin embargo, en todos estos indicadores, estamos a la cola en comparación con el resto de países europeos. Lo que evidencia que aún existen barreras para el desarrollo del vehículo eléctrico en España.

El pasado 13 de julio, se aprobaba el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), destinado en este caso al desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte Vec).

Con una previsión de inversión total en el periodo 2021-2023 de más de 24.000 millones