Incidencias en el 22% de los contratos del exministro Illa
El Tribunal de Cuentas critica la gestión durante la pandemia
El 22% de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencias y en un caso se llegaron a pagar más de cuatro euros por mascarilla FFP2, según consta en un informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas.
Se trata de la tercera fiscalización sobre contratos de emergencia por el Covid-19 que ha llevado a cabo la institución que preside Enriqueta Chicano y que, en esta ocasión, se ha centrado en el ámbito de la Administración SocioLaboral y de la Seguridad Social en el ejercicio 2020. La previsión es aprobar hasta ocho informes y el último ya aportará una visión global y comparativa.
En este informe, el 97,68% de los expedientes analizados corresponden a contratos del Ingesa, encargado de la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla, por una cuantía global de 538 millones. Según el tribunal, todos los contratos estuvieron directa o indirectamente vinculados a la situación de excepcionalidad y la aplicación de la tramitación de emergencia resultó ajustada a Derecho.
En su mayor parte, el dinero salió del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, nada más declararse la pandemia y con Salvador Illa al frente del departamento. En todos los contratos existía crédito suficiente, se realizó la comunicación del inicio de actuaciones (salvo en seis de 49), la publicidad obligatoria y se inició la ejecución del plazo de un mes desde el acuerdo de contratación de emergencia.
Eso sí, los expedientes examinados no dejaban constancia documental en relación con los criterios de adjudicación aplicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, pero eso no es una circunstancia irregular o ilegal al tratarse de contratos de emergencia.