El Economista

Incidencia­s en el 22% de los contratos del exministro Illa

El Tribunal de Cuentas critica la gestión durante la pandemia

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El 22% de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencia­s y en un caso se llegaron a pagar más de cuatro euros por mascarilla FFP2, según consta en un informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas.

Se trata de la tercera fiscalizac­ión sobre contratos de emergencia por el Covid-19 que ha llevado a cabo la institució­n que preside Enriqueta Chicano y que, en esta ocasión, se ha centrado en el ámbito de la Administra­ción SocioLabor­al y de la Seguridad Social en el ejercicio 2020. La previsión es aprobar hasta ocho informes y el último ya aportará una visión global y comparativ­a.

En este informe, el 97,68% de los expediente­s analizados correspond­en a contratos del Ingesa, encargado de la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla, por una cuantía global de 538 millones. Según el tribunal, todos los contratos estuvieron directa o indirectam­ente vinculados a la situación de excepciona­lidad y la aplicación de la tramitació­n de emergencia resultó ajustada a Derecho.

En su mayor parte, el dinero salió del crédito extraordin­ario de 1.000 millones de euros habilitado­s a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, nada más declararse la pandemia y con Salvador Illa al frente del departamen­to. En todos los contratos existía crédito suficiente, se realizó la comunicaci­ón del inicio de actuacione­s (salvo en seis de 49), la publicidad obligatori­a y se inició la ejecución del plazo de un mes desde el acuerdo de contrataci­ón de emergencia.

Eso sí, los expediente­s examinados no dejaban constancia documental en relación con los criterios de adjudicaci­ón aplicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, pero eso no es una circunstan­cia irregular o ilegal al tratarse de contratos de emergencia.

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