El fracaso de la jubilación anticipada
La edad real de jubilación lleva estancada en la franja de los 64 años desde hace una década, pese a la entrada en vigor de tres reformas de pensiones que tenían entre sus objetivos cerrar la brecha respecto a la edad legal, que en este periodo ha pasado de los 65 a los 66 años y dos meses. Pero el desfase muestra hasta qué punto las regulaciones han sido insuficientes, tanto a la hora de incentivar a los trabajadores para prolongar su vida laboral, como para penalizar el retiro adelantado. Ejemplo de ello es la última de estas legislaciones, que desde enero de este año introdujo un amplio abanico de desincentivos a las jubilaciones anticipadas. A la vez recogía un “periodo de gracia” de dos años en su aplicación para las pensiones máximas. Aunque esta medida buscaba evitar que un alto número de profesionales con carreras más largas de cotización y mayores salarios aceleraran su salida del mercado laboral, la incertidumbre sobre las próximas medidas en materia de pensiones parece haber pesado mucho más en el ánimo de estos trabajadores. En concreto, el temor a que el Gobierno adopte reformas más duras para vencer las reticencias de Bruselas por la dificultad para controlar el déficit de la Seguridad Social. El incremento de las bases de cotización o el endurecimiento en el acceso a la pensión mediante una ampliación del periodo de cálculo, son factores que cobran cada vez más relevancia en la toma de estas decisiones. En este sentido el Gobierno debe clarificar estas dudas y, sobre todo, aprovechar la negociación de la segunda parte de la reforma de pensiones para adoptar actuaciones que corrijan el costoso fracaso que para la Seguridad Social suponen las jubilaciones anticipadas.
La brecha entre edad legal y real de jubilación refleja el nulo resultado de las reformas aprobadas desde 2011