Un retroceso dañino en pensiones

El Gobierno es el único que da marcha atrás en su reforma de las pensiones y pone en riesgo su sostenibilidad futura

España es una excepción europea en materia de pensiones. De hecho, es la única entre las grandes economías de la zona euro que solo tiene en cuenta el IPC a la hora de revalorizarlas. Y también es la única que no cuenta con una fórmula que modula la cuantía de las nuevas nóminas en función de la esperanza de vida. Lo más grave de estas carencias, que en el actual contexto inflacionista dispararán un 8,8% el gasto en las nóminas para el próximo año, es que se deben a una decisión del Gobierno para que España marche en dirección contraria a la que sigue el resto del continente. Ello es porque el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, tuvo la oportunidad de revisar los impopulares Índice de Revalorización y Factor de Sostenibilidad instaurados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 para diseñar un sistema que contara con el respaldo unánime del Pacto de Toledo. Pero en lugar de ello, optó por la solución más simple y equivocada: derogarlos para sustituirlos por un modelo que no solo vuelve a ligar las prestaciones al IPC, sino que ignora el impacto demográfico en el futuro de las pensiones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que eleva las cotizaciones un 0,5% para las empresas y un 0,1% para los trabajadores, con el objetivo de volver a nutrir el exhausto Fondo de Reserva no es una alternativa a un verdadero factor de sostenibilidad ni garantiza una reducción del déficit a medio y largo plazo que el Gobierno encomienda a una evolución del empleo y la economía que parece cada vez menos creíble. En este sentido, los justificados recelos de Bruselas apuntan a la exigencia de revisión de las medidas para contener la factura de este retroceso en Seguridad Social.