El voto en juntas se ha disparado en EEUU, y también sube en España. El diálogo con las compañías, por contra, aún está poco desarrollado en este país
Hace solo unos años, cuestiones como las remuneraciones de los consejeros pasaban de puntillas por las juntas de accionistas en España. Las compañías sacaban adelante sus propuestas sin recibir rechazo alguno. Pero las cosas han cambiado mucho en poco tiempo. El activismo accionarial ha explosionado en todo el mundo, impulsado por la imparable inversión en base a criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno). Ya en su carta a los CEO del pasado enero, Larry Fink, presidente de BlackRock, abría el año 2022 aludiendo al poder de los accionistas. Una auténtica revolución que es particularmente notoria en España, donde tradicionalmente se ha votado muy poco en juntas. Inversores vecinos como los franceses llevan ya dos décadas votando activamente, pero aquí esto empieza a ocurrir ahora.
El presente año ha sido clave para el activismo accionarial en España. En la temporada de juntas de 2022, las gestoras de activos han estado obligadas, por primera vez, a ejercer su derecho al voto (que tradicionalmente delegaban), tras la modificación en 2021, de la Ley de Sociedades de Capital, por la transposición de una directiva europea. A esto se ha sumado la publicación, para su consulta pública, del primer, y muy esperado, Código de Stewardship de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se espera que incentive aún más la implicación de los inversores institucionales.
Los expertos consultados por elEconomista Inversión sostenible y ESG coinciden en que el voto, así como el diálogo activo con las empresas –conocido con el anglicismo de engagement, o implicación– ya se está convirtiendo en la principal herramienta para el inversor sostenible.
“Por primera vez, estamos en España ante un voto activo, y no un mero trámite, así que es previsible que el porcentaje de voto en juntas suba”, señala Maël Lagadec, director asociado de relaciones con clientes de Sustainalytics. Lagadec destaca el papel crucial que ha tenido el Reglamento europeo de Divulgación (SFDR, por sus siglas en inglés): “Desde su entrada en vigor, es obligatorio para las gestoras europeas incluir cuestiones de sostenibilidad en su política de voto y de diálogo. Ya no pueden escapar a esto. Y además deben hacerlo con un enfoque ESG, no
Gcentrado solo en la del acrónimo, que era el asunto en el que tradicionalmente se focalizaba este diálogo”. Ya están entrando en escena cuestiones como biodiversidad, derechos humanos en la cadena de suministro, clima o diversidad, explica.
Un rechazo creciente
% de resoluciones sobre retribuciones que recibieron más del 50% del voto en contra en el S&P 500
Evolución del promedio de votos en contra del informe anual de retribuciones del Ibex (%)
En lo que respecta a las juntas de accionistas, es cierto que hasta el momento la –el buen gobierno corporativo– ha centrado las votaciones: asuntos como la retribución de los consejeros (cada vez más contestada, ver gráfico) o su reelección son puntos fijos en el orden del día desde hace años. En la temporada de juntas de 2022, siete de las grandes del
Ibex 35 recibió más de un 10% de votos en contra de los planes retributivos de sus consejeros. El rechazo no para de crecer.
“El institucional español no ha votado mucho hasta ahora”, o lo ha hecho en línea con las aspiraciones de la empresa, “sin analizar si esta ampliación de capital le interesa, si este consejero es bueno, o si este plan de remuneraciones es excesivo; pero eso está cambiando radicalmente”, señala Juan Prieto, director del proxy advisor español, Corporance Asesores de Voto.
GEn España, la de ESG –el clima– aún va poco a la junta: escasean las cotizadas que someten a votación sus planes climáticos. Se cuentan con los dedos de una mano, y sobran dedos. “Es el momento de meter en la agenda el cambio climático, los derechos humanos, la brecha de género...”, reclama Prieto. También hace hincapié el director de Corporance en que votar es efectivo, por mínima que sea la participación: “La presión de los inversores funciona, aunque sea pequeña. Aunque sea una carta, aunque solo sea un voto en contra. No es lo mismo aprobar un punto con el 99% de apoyo, que con el 95%, o no digamos con el 70%”, reivindica. En palabras de Silvia García-Castaño, directora general de Inversiones y Productos de Tressis, “el desarrollo de las
E“EL VOTO DEBE UTILIZARSE EN CASOS EXTREMOS, DESPUÉS DE HABER LLEVADO A CABO UN PROCESO DE IMPLICACIÓN”
políticas de sostenibilidad en las gestoras y bancas privadas españolas implica abordar la política del ejercicio de voto, no sólo para las compañías que tenemos directamente, sino también a través de fondos de inversión de terceros”. Ello implica destinar recursos a estas políticas. La estrategia de voto “abarca temas cruciales como el largo plazo, como la estrategia, la estructura de capital, la evolución operativa, política de riesgo, remuneraciones o gobierno corporativo”, añade.
El diálogo, la etapa previa
Pero no todo es voto, explica Enrique Figallo, engagement mánager en Sustainalytics. “¿Por qué esperar al voto? Éste, explica, debe utilizarse en el caso extremo, tras el diálogo. El proceso de engagement abarca toda la relación previa con la empresa, que pretende redirigirla hacia las buenas prácticas o enderezar algunas de sus políticas. Aunque es crucial, en España todavía está poco desarrollado. Y, en este proceso, explica Miriam Fernández Jiménez, responsable de ASG en Ibercaja Gestión, la unión hace la fuerza: “Ganas fuerza cuando vas de la mano con grandes inversores”, señala.