Ribera dará margen a las sanciones, pero luego irá al TC
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó ayer que lo que importa del desarrollo e implantación del Real Decreto Ley 14-2022, que sostiene el plan de ahorro energético, “no es sancionar” con multas a quienes no cumplan, pues entiende el decreto como “un proceso” para reducir el 7% el consumo energético en España.
Ribera remarcó así que de momento hay que dar “un margen” para que las administraciones y empresas privadas cumplan con este plan de ahorro, que desde esta madrugada ya obliga al apagado de escaparates a las 22 horas y al ajuste de termostatos en espacios públicos -excepto centros sanitarios y de formación y medios de transporte, entre otros-.
Entrevistada por la Cadena Ser, la titular de Transición Ecológica se mostró compresiva, especialmente con los pequeños comercios, que pueden tener dificultades y más dudas.
No en vano, y aunque cree que no habrá multas inmediatamente –tarea que queda encomendada a las administraciones regionales–, Ribera reconoció que, si pasado un tiempo, las CCAA no imponen sanciones ante la falta de cumplimiento del plan de ahorro, entonces habrá que ir a un conflicto negativo de competencias, y llegar hasta el Constitucional, habiendo apercibido antes una administración a otra. Por eso –dijo Ribera–, “la colaboración de las CCAA es capital”, ante un RDL que “es claro de cuándo se debe aplicar”.
Preguntada por los votos necesarios para sacar adelante en el Congreso este Real Decreto Ley, la vicepresidente tercera del Gobierno señaló que los votos se manifiestan el día de la votación.
Ribera también hizo alusión a la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, como el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, vienen haciendo desde hace unos días. A este respecto, la ministra explicó que esta Conferencia no es ahora necesaria, primero, “porque no tenemos el Plan de Contingencia, y porque estamos esperando las propuestas de las CCAA”. Finalmente, arremetió contra la Comunidad de Madrid, a la que acusó de no haberse leído el decreto.