Ayuso se ampara en las medidas anti-Covid para rechazar el decreto
Los 10 puntos del plan de ahorro energético que quiere llevar al Constitucional
La presidenta de la Comunidad de Madrid está dispuesta a acudir hasta el Tribunal Constitucional para recurrir el plan de ahorro energético de Pedro Sánchez, máxime cuando ayer Sol elaboró un informe que detecta hasta diez puntos de inconstitucionalidad en las medidas del Ejecutivo nacional. Es el caso de la imposición del cierre de puertas de establecimientos comerciales o espacios públicos, al entender Sol que el Gobierno se olvida de las medidas que él mismo decretó para luchar contra el Covid-19, como es la ventilación de lugares mientras siga la pandemia. Además, Isabel Díaz Ayuso está lista para rebatir también ante la justicia y defender la Ley de Libertad de Horarios de la Comunidad de Madrid, por no comprender que Moncloa obligue a apagar los escaparates a las 22 h, cuando Madrid permite abrir 24 horas al día.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue en sus trece y piensa ir a por todas contra el plan de ahorro energético de Pedro Sánchez, hasta presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Este martes, apenas horas antes de que el Real Decreto 14/2022 tomara forma –apagando los escaparates y edificios públicos de España–, la Administración madrileña presentó un decálogo, donde punto a punto constata las inconstitucionalidades que, según su análisis jurídico, recoge la medida.
Grosso modo, rebatirá ante la justicia, entre otros aspectos, la intromisión del Gobierno en la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid –por entender que no se puede apagar la iluminación de un establecimiento a las 22 h de la noche si este sigue abierto–. También recurrirá la falta de cumplimiento de la normativa Covid –que obliga a tener los locales ventilados, y por tanto las puertas abiertas–. Y además, litigará la temporalidad de las medidas, ya que la normativa europea establece la fecha límite hasta septiembre, mientras que el decreto español se alarga hasta noviembre de 2023.
El decálogo
El Gobierno de Madrid sostiene que el carácter básico alegado por el Estado para invadir competencias autonómicas “pierde fuerza porque el objetivo del Real Decreto Ley no es garantizar al suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema”. Y siendo así, la Comunidad de Madrid determina que “no se pueden establecer ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción”.
De la misma forma –remarca el decálogo–, “ese carácter básico es cuestionable porque nos encontramos ante un acuerdo europeo que no es obligatorio”, y que como ayer recordaba la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, “la UE ha dado recomendaciones al sector privado, mientras que la ministra de Transición Ecológica ha cometido imposiciones”. Además –señala Sol–, “el cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por Covid-19, y que establece la necesidad de la ventilación”.
En opinión de esta administración, “la obligación de instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético no contribuye a dicho ahorro energético, por lo que invade competencias autonómicas sin justificación”.
En quinto lugar, destaca que “la extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL”. Y así se pregunta, “si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?”.
Sostiene también Madrid que el apagado de los escaparates a las 22 h choca con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad, que permite abrir las 24 horas del día. ¿Se puede cumplir esa norma con los escaparates apagados”, se cuestiona. Además, explica Sol, “el apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid y con el desarrollo turístico”. Añade que, el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética “podría exceder las bases estatales”.
Y, por último, remarca una discrepancia entre la duración prevista en la normativa europea –un año, y la indicada en el RDL 17/2022 hasta octubre de 2023–, así como la defectuosa configuración del régimen sancionador que puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones.