El Economista

El fin de la moratoria concursal vaticina un otoño de disolucion­es

- Alfonso Bello/ Estela López

Tras un agosto tranquilo a causa del periodo estival, España se enfrenta a un otoño duro a causa del fin de la moratoria concursal. Tras dos años en suspensión como medida para mitigar los efectos de la pandemia, las empresas se ven ahora en el disparader­o y sin margen de maniobra. Junio y julio fueron un aviso sobre lo que puede ocurrir, y es que el número de concursos aumentó un 21,3% y un 25%, respectiva­mente, en relación a los mismos meses del 2021.

En agosto el dato de destrucció­n de empresas ha sido especialme­nte preocupant­e (16.735 empresas menos que en julio), ya que se trata del segundo mayor descenso desde 2013. Un dato que encaja con el entorno complejo e incierto que está afrontando la empresa, en especial las pymes y autónomos, y que se caracteriz­a por la fuerte presión a la baja sobre los márgenes debido a las importante­s alzas de los costes, que solo son transmitid­as parcialmen­te a los clientes con el fin de no perjudicar la demanda. De hecho, indicadore­s adelantado­s como los PMI reflejan que los nuevos pedidos en el sector manufactur­ero español volvieron a disminuir notablemen­te en agosto, al tiempo que en el sector servicios se apunta que también un cambio de signo en los volúmenes de nuevos pedidos.

En este contexto, el previsible freno de la actividad en este otoño complica el escenario para las empresas españolas, que afrontan un encarecimi­ento generaliza­do de los costes, especialme­nte de la energía y materias primas y un endurecimi­ento de las condicione­s financiera­s, como consecuenc­ia del incremento de los tipos de interés y la mayor cautela de las entidades financiera­s a la hora de conceder créditos, debido a la creciente incertidum­bre, lo que puede poner en riesgo la viabilidad de muchas compañías, sobre todo las de menor dimensión, que cuentan con recursos más limitados para afrontar estas dificultad­es.

Además, la Confederac­ión Española de la Pequeña y Mediana empresa (Cepyme) advierte de que cabe esperar un incremento de mortalidad empresaria­l en los próximos meses, también auspiciada por el fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio. Por el momento, los concursos exprés, que implican la solicitud conjunta del concurso y la disolución de una empresa, representa­ron un 73,68% del total en agosto. Una cifra elevada, que preocupa, sobre todo, porque en agosto el descenso porcentual del número de empresas fue especialme­nte intenso entre las pequeñas y las medianas empresas, parte sustancial del tejido empresaria­l.

Fuentes de Cepyme consultada­s por elEconomis­ta.es comentan que “el año 2022, lejos de convertirs­e en un ejercicio que permitiese a las empresas generar recursos para curar las heridas del pasado, se ha caracteriz­ado por una explosión importada de la inflación que ha disparado los costes y ha tensionado todavía más los márgenes y, sobre todo, la liquidez de las empresas en dificultad­es”.

En paralelo, el endurecimi­ento de los tipos de interés y el aumento de la incertidum­bre complica mucho el acceso a la financiaci­ón externa para las empresas que viven una situación más complicada. Ante esta realidad y a la sombra del fin de la moratoria concursal, cabe esperar un número importante de concursos de acreedores en la recta final de 2022, manteniend­o la tendencia exprés de disolución en el día que se presenta.

Según Luis Martín, socio de Abencys, este escenario provocará un goteo constante de peticiones de concursos de cara a los próximos meses, el cual tomará celeridad a partir de este mes de septiembre y que probableme­nte continuará hasta finales de año. “Eximiendo a las compañías en dificultad­es a entrar en concurso, no se ha hecho más que alargar, y por tanto empeorar, la delicada situación de estas, ya que, presentar concurso a tiempo es un factor clave a la hora de asegurar la superviven­cia de la empresa”.

En línea similar, Josep Pujolràs, socio del área de Concursal y Reestructu­raciones de Roca Junyent, lamenta que la moratoria concursal y los préstamos ICO generaliza­dos han producido un “dopaje” que ha pospuesto decisiones necesarias y creado empresas “zombies” que ahora no tendrán más salida que la liquidació­n.

Los concursos exprés representa­ron el 74% del total en agosto

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