Bruselas presenta una ley para proteger a los medios
Se contemplan salvaguardias contra las injerencias políticas y de grandes plataformas y la protección del servicio púlico
La Comisión Europea ha presentado la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, un nuevo conjunto de normas cuyo objetivo es el de proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la UE.
El Reglamento contempla, entre otras cosas, salvaguardias contra las injerencias políticas en las decisiones editoriales y contra la vigilancia. Se centra en la independencia y la financiación estable de los medios de comunicación de servicio público, así como en la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y de la asignación de publicidad estatal.
También establece medidas para proteger la independencia de los editores y revelar los conflictos de intereses. Por último, aborda la concentración de los medios y creará un nuevo Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación independiente, formado por autoridades nacionales en materia de medios de comunicación.
Bruselas también ha adoptado una Recomendación complementaria para fomentar las salvaguardias internas de la independencia editorial.
La norma exigirá a los Estados miembros que respeten la libertad editorial real de los prestadores de servicios de comunicación y mejoren la protección de las fuentes periodísticas. Además, los prestadores de servicios de comunicación tendrán que velar por la transparencia de su propiedad, revelando públicamente esa información y adoptando medidas para garantizar la independencia de las decisiones editoriales concretas. Contempla salvaguardias contra el uso de programas espía contra los medios, los periodistas y sus familias.
El texto legislativo dispone que los Estados miembros examinen el impacto de las concentraciones del mercado de los medios de comunicación en el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial.
También establece que cualquier medida legislativa, reglamentaria o administrativa adoptada por un Estado miembro que pueda afectar a los medios de comunicación esté debidamente justificada y sea proporcionada. En el caso de los medios de comunicación de servicio público, su financiación debe ser adecuada y estable, a fin de garantizar la independencia editorial. Finalmente, se prevén salvaguardias contra la eliminación injustificada de contenidos mediáticos producidos con arreglo a normas profesionales en las grandes plataformas.