El miedo al ‘Libro Blanco’ dio un impulso a las revisiones
Fuentes relacionadas con el Partido Popular reconocen a elEconomista.es que, en su afán por propiciar las rebajas de impuestos a escala autonómica, ha actuado un factor no relacionado con la actual crisis inflacionista e incluso muy anterior al comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Ya casi nadie se acuerda de él pero el Ministerio de Hacienda encargó el año pasado al grupo de expertos que lo asesoran la elaboración de una hoja de ruta para una futura reforma del sistema impositivo español.
El que luego se llamaría Libro Blanco de los analistas de la ministra María Jesús Montero se elaboró en medio del debate, suscitado principalmente por Unidas Podemos, sobre la hipotética necesidad de limitar el dumping fiscal que el partido morado atribuía a la Comunidad de Madrid, entonces el único territorio en el que el Impuesto de Patrimonio estaba bonificado al 100% para todos los contribuyentes (ahora se unirá también Andalucía) y por los importantes alivios que también reconoce en Sucesiones (recientemente ampliados).
Un tipo mínimo general
El PSOE vio con buenos ojos la posibilidad de limitar la autonomía tributaria de Madrid con medidas como imponer un tipo mínimo de Patrimonio de obligatorio cumplimiento en toda España. Como era previsible esta pretensión también halló cabida en el Libro Blanco. En concreto, los expertos de la ministra Montero aseguraban que Patrimonio seguía siendo un impuesto “necesario”, pese a que sólo tiene vigencia en otros dos países europeos aparte de España (Francia lo va a retirar), que en su opinión no debería quedar vaciado.
La crisis ha hecho que la propia Montero deje en un cajón la reforma fiscal, pero en el PP aseguran que el PSOE y Podemos no abandonan sus planes de imponer una armonización tributaria. Es por ello que desde Génova aseguran que sus cinco autonomías, que pueden ser más a partir de 2023, “trabajan por no perder el terreno ganado en materia tributaria”, contemplando incluso la posibilidad de pedir amparo a la UE si fuera necesario.