Hacienda apoya ahora el impuesto de Podemos para las grandes fortunas
El anuncio llega tras la supresión en Andalucía del gravamen sobre Patrimonio
La fiscalidad sigue en el punto de mira informativo. En plena batalla dialéctica entre la armonización o las rebajas tributarias, ayer, en la sesión de control parlamentaria -y ante la ausencia de Pedro Sánchez, presente en Nueva York, en la Cumbre de Seguridad Alimentaria de la OTAN- la ministra de Hacienda anunció la intención de su Ejecutivo de seguir explorando nuevos impuestos, y entre ellos, gravar a las grandes fortunas.
“Acompañando el momento económico”, María Jesús Montero justificaba esta actuación señalando que ahora corresponde “pedir mayor esfuerzo a quienes más tienen”. De ahí que, lo mismo que se va a hacer con las grandes empresas energéticas y con la banca -es decir, gravar con futuras tasas en concepto de ganancias sobrevenidas por las crisis-, se haga “también con las grandes fortunas”.
Con esta medida, la titular de Hacienda se apropia de una propuesta defendida por el exvicepresidente y exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Una incitativa que por cierto siempre ha sido rechazada por los ministros económicos de Pedro Sánchez, y que durante tres años consecutivos no ha logrado ser incluida en la hoja de ruta del Gobierno de coalición.
En mayo de 2020, y con motivo de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, Iglesias reclamó ante sus señorías una tasa de reconstrucción o impuesto para las grandes fortunas “para que los que más tienen puedan arrimar el hombro y disponer de mecanismos para expresar su solidaridad con su patria aportando recursos para reconstruir los servicios públicos y los derechos de todos”.
En ese momento, el flanco socialista se opuso de frente. Y también lo hizo hace apenas unos meses; concretamente en junio de este año, rechazando de plano la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para gravar con una nueva figura fiscal los patrimonios por encima de 10 millones de euros.
Entonces, el bloque económico de Sánchez -salvo Yolanda Díaz, que es titular de Trabajo- esgrimió que la medida era de dudosa efectividad y tampoco era el momento adecuado debido la actual crisis económica. Pero las circunstancias presentes han cambiado. En la recta final de legislatura, el Ejecutivo se en
frenta este jueves al debate sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, conocida popularmente también por el techo de gasto, la antesala a los Presupuestos Generales del Estado.
Sin los apoyos cerrados de Unidas Podemos a las cuentas públicas, y con los sondeos tocados para los socialistas -excepto el último barómetro del CIS-, el discurso de la ministra de Hacienda ha dado la vuelta, ante temas pendientes de negociar para los morados, como son la Ley de Vivienda -en permanente estado de enmiendas-, o la fijación de las hipotecas para los más vulnerables.
Además -añaden fuentes parlamentarias consultadas por
el Gobierno se ha quedado tocado con la deflactación del IRPF en Madrid y con la supresión del impuesto de Patrimonio en Andalucía, y ahora tiene necesidad de contrarrestar esa determinación, teniendo en cuenta el batacazo que el PSOE se llevó en mayo de 2021 y en junio de este año, en las urnas.