Las garantías del crédito ICO están en manos de Hacienda
Si la Aeat no autoriza a votar a favor de la reestructuración el deudor deberá seguir pagando el crédito sin ayuda pública
La reforma de la Ley Concursal incluye una sorpresa legislativa sobre las garantías de los créditos ICOCovid que puede hacer que los beneficiarios de este tipo de financiación avalada por el Estado acaben pagando lo que les queda del crédito a pesar de encontrarse inmersos en un proceso concursal.
Así se establece en la disposición adicional octava de la Ley Concursal, que regula que para que las entidades de crédito puedan votar favorablemente en nombre y por cuenta del Estado a los planes de reestructuración que concedan aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas o reconocidas, deberán recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat).
Derechos de recuperación
rantías públicas, descubierta por los expertos concursalistas en el transcurso del Congreso Concursal 2022, organizado por Lefebvre, causó un enorme impacto al comparar la protección de que se ha dotado al crédito público, en comparación con la de las garantías públicas de los crédito Covid-ICO.
Luis María Sánchez Velo, director del área de Reestructuraciones en la Asesoría del Banco Santander, considera que “esta disposición adicional octava va a dificultar en extremo que los créditos que cuentan con aval del ICO puedan resultar estructuración, por que se va a encontrar que el 80% o el 90% de los procedimientos. Es previsible es que las empresas que se reestructuren sean las que hayan hecho uso de los avales ICO”.
De esta forma, en los procedimientos de segunda oportunidad, las deudas públicas verán exoneradas hasta un máximo de 20.000 euros (10.000 por Hacienda y 10.000 por la Seguridad Social), pero estas deudas se cobrarán en su totalidad y, además, serán las primeras que se cobrarán al deudor.
Problemas entre acreedores
La Ley Concursal introduce una gran protección ante los compromisos crediticios públicos