Unas subvenciones para comprar votos disfrazadas como gasto social
Tal y como se esperaba ya tenemos preparados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio. Las líneas generales de los mismos se conocían, no ha habido ninguna sorpresa. El Gobierno viene filtrando desde hace tiempo las líneas maestras de los mismos, unas filtraciones que parten de un cuadro macroeconómico no creíble y con tintes de intentar conseguir más votos para dar una vuelta a las negativas encuestas electorales que en este momento se vienen manejando. Se podría decir que se compran esos votos a través de subvenciones... perdón, gasto social, según la nomenclatura del Gobierno.
En primer lugar y como he señalado anteriormente el punto de partida es, como mínimo, altamente discutible. Pocos, por no decir ningún organismo o equipo de análisis serio, pueden creerse las perspectivas económicas sobre las que se basa. Entre los últimos en corregir o exponer una visión contraria a Moncloa se encuentra el Banco de España. La perspectiva del supervisor financiero se resume en un escenario bastante negro, estanflacionista claramente, para el entrante 2023, algo que cuestiona los PGE planteados cuando todavía están pendientes de aprobación.
En un escenario de estanflación, el Banco de España sitúa el crecimiento de la economía en un lánguido 1,4% y una inflación muy alta del, 5,6%, para el próximo ejercicio. El Ministerio de Economía, por su parte, predice un PIB creciendo al 2,1% (siete décimas más u 8.000 millones) y sin dar previsión de elevación del IPC sino del deflactor del consumo privado, cifrado en el 4,1. No parece muy serio cambiar IPC por el deflactor en estos momentos, aun cuando se defienda que hay una similaridad entre ambos indicadores. Las discrepancias, además, no se acaban en el Banco de España. Una comparación muy similar a la anterior se puede establecer con el cuadro macro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Y aún queda por despejar la incógnita más importante: ¿son Presupuestos para una estanflación o lo son para intentar recoger votos? Si vemos la cifra de déficit público proyectado para el próximo año, esta variable alcanza una cifra histórica récord de 270.000 millones. Será por dinero público... el cual en palabras pretéritas de Carmen Calvo “no es de nadie”. Lapidaria la aseveración de la exvicepresidenta de Pedro Sánchez.
Pero lo importante no solo es la cifra histórica sino, como recogía este diario, el problema es el reparto del mismo aumentando subvencione..., perdón, nuevamente gasto social.
‘Por un puñado de euros’
Uno ve el desglose y se me viene a la cabeza el título de una película: Por un puñado dedó lares, haciendo una variación: Por un puñado de euros públicos. Lo que nuestro Gobierno persigue con la denominada por Moncloa “justicia social”, es que más de 17 millones de españoles se beneficien de estas subvenciones, el 46% del actual censo electoral. ¿Qué decir ante ello sin llamarlo subvenciones para comprar votos?
Veamos o repasemos los colectivos afectados y quizá lo veamos mejor: pensionistas, funcionarios, perceptores del ingreso mínimo vital, amplio colectivo y diverso por los bonos sociales (transporte público, térmico) y por último los más jóvenes entre 18 y 35 años por la ayuda para el alquiler residencial para este colectivo.
En fin, puede ser objeto de discusión si estamos o no en una situación estanflacionista, pero lo que es indudable es que estamos a punto de reencontrarnos con las urnas y eso es lo que más pesa en los planes del Gobierno.
Antes de recibir su aprobación, el cuadro macro de las Cuentas ya está cuestionado