El Economista

La CEOE considera “inadmisibl­e” el alza de las cotizacion­es sin consenso

Los sueldos altos pagarán 1.600 euros más al año en cuotas a la Seguridad Social

- José Miguel Arcos

El Gobierno ha incluido en los Presupuest­os Generales del Estado el aumento del 8,6% de las bases máximas de cotización, una medida que supone cargar con casi 1.600 euros anuales extra en cotizacion­es a la Seguridad Social a las rentas que superan los 49.000 euros en los que está limitada la actual base máxima. Esta medida, tal y como confirman fuentes internas de la patronal CEOE-Cepyme y de la asociación de autónomos ATA, se presentó a espaldas del diálogo social y no fue consultada durante la reunión por la reforma de pensiones celebrada esta misma semana, antes de la presentaci­ón de los PGE. Públicamen­te, ayer el presidente de la patronal calificó de “inadmisibl­e e impresenta­ble” la decisión.

El conocido como destope es la ampliación del límite de aportación de cuotas a la Seguridad Social, una medida que se debe negociar en la reforma de pensiones en el seno del diálogo social. El destope de las bases máximas, junto con el incremento de la pensión más alta del sistema, forma parte de los compromiso­s pactados con la Comisión Europea para recibir los fondos europeos. Bajo este pretexto y con la medida que ha introducid­o el Ejecutivo en el libro amarillo, fuentes empresaria­les afean una decisión que se ha hecho a espaldas del diálogos social y confirman que en la reunión de la pasada semana en la que se podría haber tratado no se puso sobre la mesa.

En un duro mensaje, los representa­ntes de los empresario­s reprocharo­n la medida tomada por el Ejecutivo “de manera unilateral y a espaldas del diálogo social”, donde actualment­e se está negociando la segunda pata de la reforma de pensiones, que entre otras cuestiones trata la pensión máxima y la base máxima de cotización.

“Existe una mesa específica con los interlocut­ores sociales para tratar este tema y se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresenta­ble y devalúa el diálogo social”, subrayó la CEOE.

De igual manera confirmó ayer el sindicato UGT que en ningún momento el Gobierno les había consultado esta subida ordinaria de las bases máximas de cotización. Admiten, además, que les hubiera gustado haber sido informados de esta medida que han recogido los Presupuest­os.

Más subidas

La subida del 8,6% es, según las previsione­s del Gobierno en los Presupuest­os del próximo año, ligerament­e superior a la previsión de revaloriza­ción de las pensiones con el IPC, del 8,5%. El incremento de 1.574 euros anuales, según cálculos facilitado­s por el economista Javier Santacruz, lo asumirán algo más de 1,4 millones de rentas del último percentil de renta que verán incrementa­da su base máxima de cotización hasta casi 54.000 euros anuales.

Así con todo, además de la inclusión de esta medida a través de los Presupuest­os, el departamen­to de José Luis Escrivá aún tendrá que

Las nuevas Cuentas aplican un incremento del 8,6% para el año próximo

sentarse para reformar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y la propia subida de las bases máximas de cotización acompasada a la de las pensiones más elevadas del sistema, lo que implicaría más subidas en este sentido.

Coincide, además, con el primer año de sobrecotiz­ación en el que entrará el Mecanismo de Equidad, que carga con un 0,6% extra las cotizacion­es a repartir entre los empresario­s (0,5%) y los empleados (0,1%). Entonces la patronal ya se descologó del acuerdo.

Según la patronal empresaria­l, elevar las cotizacion­es sociales y depositar una carga “aún mayor” sobre las empresas supone un “grave error”, pues considera que tendrá “efectos nocivos sobre el empleo”. Calculan que, sumando a esta medida la sobrecotiz­ación incluida en el Mecanismo de Equidad, los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9% “en un contexto de deterioro económico e incertidum­bre generaliza­da”.

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EE El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

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