SOMBRAS Y DUDAS EN LOS FONDOS EUROPEOS
Para España, los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia venían a ser una oportunidad, una herramienta transformadora que incrementaría el potencial de crecimiento de nuestro país y generaría empleo estable de manera sostenida en el tiempo, permitiéndonos dar el salto cualitativo que redujera nuestro gap en productividad y competitividad con las grandes economías europeas.
El Gobierno de Sánchez, adicto a la fatuidad y la propaganda, llegó a presentar el Plan Español hasta nueve veces, pero la realidad, que no deja de ser la expresión de lo que las cosas son, hace tiempo que desbordó a un área económica del gobierno incapaz de diseñar de manera óptima los grandes proyectos, de ejecutar eficazmente los fondos o de establecer en un tiempo razonable los mecanismos de auditoría y control comprometidos con la Comisión Europea.
El Gobierno pretendía modificar mediante el Real Decreto Ley 36/2020 los procedimientos de la gestión y control de la Administración Pública con la voluntad de dotarla de una arquitectura que permitiera absorber los fondos con agilidad. Sin embargo, el texto diseñaba un modelo falto de transparencia, donde la opacidad presidía la toma de decisiones que se centralizaban en Moncloa. Hoy este RDL, convalidado in extremis gracias a la abstención de Vox, sigue empantanado en su tramitación como Proyecto de
Ley en el Congreso tras 69 prórrogas, para bochorno del gobierno y de sus socios. Cuando se diseña una mala carretera, lo único que se pueden tener son accidentes.
No hay coartadas para el gobierno que puedan atenuar su culpa en las sombras y dudas que rodean al Plan de Recuperación. Lanzaron hasta 32 Manifestaciones de Interés para conocer los grandes proyectos transformadores en los que estaba trabajando el sector privado para poder estructurar los Perte, y ni por esas han sido capaces de diseñarlos y adaptarlos en plazos y requisitos a la realidad de los sectores industriales de nuestro país. Que tan solo estén completamente resueltos el 5,3% de los más de 30.000 millones de inversión pública que contemplan los Perte demuestra el fiasco del gobierno.
El Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) es la crónica de una desastrosa gestión, evidenciando la falta de liderazgo de la ministra de Industria y las carencias en el planteamiento de su convocatoria. Anunció el Perte_VEC el 4 de marzo de 2021 en el congreso de UGT-FICA, cometiendo la imprudencia de ponerle nombre y apellidos a los beneficiarios antes de sacarlo a concurrencia. Hubo que esperar al 13 de julio del año pasado para que se aprobara en Consejo de Ministros y, ante la desesperación de un sector que representa el 11% del PIB y el 9% del empleo, se dilató la aprobación de las bases de la convocatoria hasta el 23 de diciembre de 2021.
Su resolución provisional, se tuvo que ampliar en dos ocasiones mientras la ministra se hacía fotos anunciado la financiación de gigafactorías y se ha cerrado definitivamente el 25 de octubre, tras varias prórrogas en el periodo de alegaciones.
Un año y siete meses después, de 2.975 millones de euros, tan solo se han adjudicado el 29% de los fondos. Imaginen que en su empresa alcanzaran tan solo el 29% de los objetivos y buscaran una palabra para definir su gestión: “fracaso”, efectivamente.
El avance en la ejecución de los fondos es simplemente decepcionante. El año pasado se realizaron pagos por 11.000 millones, el 45% del presupuesto y en su mayoría para transferirlo a otras administraciones. A 30 de septiembre, sabemos que los pagos realizados ascienden al 22% de los fondos consignados para 2022 y que la bola de nieve de fondos sin ejecutar crece sin conocer cuánto llega realmente a la economía real. Según el Banco de España, el impacto de los fondos europeos en el crecimiento de 2022 será del 0,6% del PIB, mientras la AIReF calcula un 0,8% para este año. Es decir, no están impulsando el crecimiento y el empleo conforme a las previsiones del gobierno.
Las reformas, que podrían liberar de rigideces nuestra economía y mejorar la competitividad de nuestras empresas, avanzan precisamente en sentido contrario. Los cambios normativos asociados al plan de recuperación representan más carga impositiva para los sectores productivos, más costes laborales para las pymes y una reforma del mercado de trabajo a la que ya se le ven las costuras. La política del mal menor no funciona en economía, solo dilata los problemas y los empeora.
De nuevo, llega un momento clave en la gestión de estos fondos, donde hay que adquirir nuevos compromisos y con deberes pendientes de cumplir. Por un lado, la reforma troceada de las pensiones tiene que convencer a las instituciones europeas de que garantiza la sostenibilidad del sistema, por otro, la plataforma del gobierno para el control y seguimiento de los fondos tiene que ponerse en funcionamiento tras un aprobado provisional del hito 173 y tras expirar un periodo de clemencia de nueve meses para tenerla operativa.
España está a punto de solicitar el tramo de 84.000 millones de euros en préstamos concedidos por la Comisión Europea. Estos préstamos computarán como deuda y un gobierno responsable sometería la Adenda al Plan a su votación y refrendo en el Parlamento para que de verdad se pueda considerar como un plan país. El problema es que eso exige diálogo y hacer bien, lo que los datos demuestran que hasta ahora, se está haciendo mal.
La política del mal menor no funciona en economía, solo dilata los problemas y los empeora