La Justicia opina que la reforma del Código Penal es un fraude de ley
Los cambios en sedición y malversación dejarán en la calle a corruptos y sediciosos
El mundo de la Justicia alerta de un inminente fraude de ley, de tramitarse la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, a través de una proposición de ley como ya está haciendo el Gobierno. Fuentes consultadas por elEconomista.es insisten en un “atropello o fullería” por parte del Ejecutivo, como así constata Francisco Javier Borrego, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
El magistrado mantiene que el Gobierno de Pedro Sánchez “está jugando” con nosotros al pretender reformar el Código Penal, mediante una proposición de ley, con trámite de urgencia, y no mediante una ley orgánica como procede con unos cambios de tamaña magnitud.
En opinión de Borrego, existen vías para revertir esta acción del Gobierno
que se lleva por delante el Estado de Derecho. Y ese itinerario pasa por “denunciar de manera simultánea” estos cambios en la Comisión de Venecia, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Parlamento Europeo y, en la mesa del Parlamento español. Mantiene Borrego que, lo que ha hecho Sánchez “es un fraude de ley, una barbaridad que no se puede tramitar”.
Graves consecuencias
La supresión del delito de sedición y la posible modificación del de malversación que pretende aprobar el Gobierno, en un tiempo récord y con el apoyo de sus socios de investidura, podría dejar en la calle a muchos corruptos, y a la par, rebajar las condenas por sedición a los que fueron indultados por el procès del 1-O, por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Así, y con una transformación profunda del Código Penal, y en concreto, con una revisión a la baja de las sentencias judiciales -de 10 o 20 años, a cinco, en el caso de la sedición-, incluso podríamos ver cómo Oriol Junqueras y el resto de sus consellers pudieran presentarse con total tranquilidad a las elecciones catalanas de 2025.
En el caso del exmolt honorable Carles Puigdemont, y de los otros dirigentes pendientes de juicio (Marta Rovira, Toni Comín y Clara Posantí) -huidos todos de la acción de la justicia y en el extranjero-, con la derogación del delito de sedición, tendrían que hacer frente a penas de menor rango, ya que este delito no estaría vigente. De esta manera, el Tribunal Supremo tendría que adecuar el nuevo tipo penal al de desórdenes públicos agravados, a la vez que recalcular las penas de inhabilitación.
Las consecuencias de la reforma del Código Penal en lo que afecta a la malversación, también se extenderían a alcaldes señalados por el mal uso de sus arcas municipales, como hizo Julian Muñoz en Marbella, y que podrían disfrutar de una rebaja de su condena. En la actualidad, la expareja de Isabel Pantoja cumple bajo libertad provisional.
Además -y de reformarse el delito por malversación- dirigentes como el expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, apenas cumplirán un mínimo tiempo en prisión, teniendo en cuenta que la Audiencia de Sevilla ya le dio ayer 10 días a el expresidente del PSOE y, a otros siete condenados en los ERE, para su ingreso voluntario en la cárcel. Este es un caso de especial relevancia, pues, con una reforma de este calado, el Gobierno podría esquivar el precio político del indulto. En la actualidad, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, al cierre de 2021, registraban 83 condenados por delitos de malversación.
La secuencia de las declaraciones políticas -con la retirada por parte del Partido Popular, de la negociación de la renovación del CGPJ- ha dado lugar a que el Gobierno solo haya tardado 24 horas en dar el visto bueno a la tramitación de la ley que acabará con el delito de sedición, gracias a una proposición, donde no median ni informes ni las opiniones de expertos.
Desvelado que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba negociando la derogación del delito de sedición, ya desde hace un año, con el Govern de Cataluña, todo hace pensar que el Ejecutivo tampoco tendrá problemas para sacar adelante esa reforma del Código Penal, a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.
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