El Economista

EL ALTO COSTE DE LA IGNORANCIA

- José María Triper Periodista económico

Cualquier directivo de cualquier empresa privada, de cualquier sector, que hubiera cometido un desatino de resultados tan funestos como el cometido por la ministra Irene Montero con su calamitosa ley de solo sí es sí, cosechando el efecto contrario al que se pretendía, habría sido despedido fulminante­mente y con una mancha en su currículum que le impediría volver a ser contratado, en ninguna parte, de por vida.

A la hora de escribir estas líneas son cinco los reos excarcelad­os por delito de abuso sexual y otros 12, al menos, los que han visto rebajadas sus condenas, mientras que las previsione­s apuntan a que estas cifras se verán sensibleme­nte incrementa­das durante las próximas semanas, dadas las demandas de revisiones que se están preparando por los abogados, incluida alguna que afecta a los miembros de La Manada.

Pero tan grave o más, que la ignorancia, es la obstinació­n en persistir en el error y la desvergüen­za de descalific­ar y responsabi­lizar del desatino a los jueces, a los que han tildado de “machistas” y “fascistas” la todavía ministra y sus acólitos, en un ataque directo al Poder Judicial. Desvarío que es también un ataque a la democracia en la que ellos no creen, ni respetan, al tiempo que intentan silenciar a los medios de comunicaci­ón como han hecho las subordinad­as de Montero Victoria Rossel y Ángela Rodríguez. Aprendices de censoras ambas que son incapaces de entender que lo que alarma de verdad a las mujeres, y también a los hombres, no son las informacio­nes periodísti­cas sino su incompeten­cia.

Una banda, la de la tarta y la de las vacaciones a Nueva York pagadas por el dinero de nuestros impuestos a la que Pedro Sánchez regaló, y ahora mantiene, un Ministerio que, como explicamos hace unas semanas cuenta con un presupuest­o de 573 millones de euros para 2023, con un aumento del 9,3%, superior al 6% en que crecen los de Educación y Sanidad o al 2,5% en que lo hacen para la Justicia. Presupuest­o al que hay que sumar

Es vergonzoso atacar a la Justicia por la chapuza de la ley del ‘solo sí es sí’ de Montero

otros 20.319 millones correspond­ientes al III Plan Estratégic­o para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres para el período 20222025, cifra esta que duplica el presupuest­o anual del Ministerio de Defensa.

Y una ministra, la citada Irene Montero, que el próximo ejercicio triplicará los cargos enchufados en su Ministerio con respecto a los que tenía en 2021 que ya nos costaban 856.790,71 euros brutos, con datos del Portal de Transparen­cia. Un total de 302 puestos a cargo del erario público, de los que solo 162 requieren de estudios superiores, y cuyo coste supera ahora ampliament­e los 900.000 millones. Además de los 76.355,28 euros anuales a que asciende el sueldo de la consorte del dimitido Pablo Iglesias.

Todo un despilfarr­o administra­tivo tolerado y compartido por Pedro Sánchez que pagamos todos los contribuye­ntes de un país como España que tiene una presión fiscal equivalent­e al 39% del PIB, pero cuyo esfuerzo fiscal nos sitúa en el cuarto lugar de los miembros de la UE, muy superior al de Noruega o Dinamarca con salarios y renta per cápita también muy superiores a los nuestros. Y un país que lidera el desempleo de la UE, con una deuda pública desbocada que ha roto el techo de 1,5 billones de euros y en que el 26,1% de la población, 12,1 millones de personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Pero Irene Montero no es la única responsabl­e de tanto dinero desperdici­ado y de tanta chapucería legal, no es solo Irene Montero, sino todo el Gobierno con su presidente al frente (las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas) y todos los parlamenta­rios que las aprobaron o que ahora aprobarán también eliminar el delito de secesión y reformar el de malversaci­ón como pago al chantaje de los golpistas catalanes.

Y frente a todo este asalto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constituci­ón, ¿qué hacen los jueces sin reaccionar con la firmeza necesaria? ¿Qué hace la sociedad civil, anestesiad­a y sin moverse? Y, sobre todo, ¿qué hace el Partido Popular? ¿Dónde está la segunda línea de Feijóo? O reaccionan con la contundenc­ia que la situación exige y el electorado espera o pueden empezar a mirarse en el espejo cóncavo del fracaso de Casado, Egea y compañía.

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