MALA GESTIÓN Y PEOR LEGISLACIÓN
Ayuntamientos y autonomías ya respiran elecciones y en los ámbitos mas populistas se agrupan medidas estrella disfrazadas de ideología que garanticen futuras puertas giratorias y que consoliden los puestos creados ad hoc esta legislatura. Para muestra, la Comunidad Autónoma de Extremadura y su Proyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua, en el que se borran de un plumazo las principales competencias municipales en el ámbito del ciclo urbano del agua para pasárselo a la comunidad autónoma, hecho que vulnera el principio de autonomía local y supone una invasión competencial. La idea es consolidar y extender el modelo Promedio, un Consorcio de la Diputación de Badajoz para suplantar a ayuntamientos y empresas de servicios en la gestión de los residuos y del agua en la provincia de Badajoz. Promedio es la base de operaciones del sempiterno alcalde de Villanueva de la Serena, desde donde gana poder e influencia en el PSOE, y desde donde busca contrapesar a Fernández Vara.
El Proyecto de Ley obliga a los ayuntamientos a adherirse a unos determinados entes denominados de gestión supramunicipal del agua del uso urbano, bajo el chantaje adicional de que si no lo hacen, no tendrán acceso a la financiación comunitaria para infraestructuras del agua, ni para su mantenimiento y explotación. Olvida el legislador que la adhesión ha de ser siempre voluntaria, nunca obligatoria, y que el hecho de atribuir medidas selectivas en función de su adscripción a entes asociativos supone una discriminación de la regulación entre municipios y por ende de sus ciudadanos. Y como no podía ser de otra manera, todo ello, sin llevar a cabo el menor análisis sobre si la creación de Consorcios, o la adscripción obligatoria a los mismos, responde a razones de eficiencia o a razones meramente políticas. La mayor eficiencia que la ley exige para la justificación de cualquier cambio del modelo de gestión solo puede argumentarse municipio a municipio, por lo que el trágala que supone esta adscripción obligatoria y discriminatoria representa un desprecio profundo al espíritu de la Ley y de la Constitución (que en realidad no les gusta). Como era previsible en ese entorno ideológicamente Colauista, solo los ayuntamientos con gestión directa del servicio tendrán acceso a los fondos autonómicos de construcción de infraestructuras para el mismo. Esta vara de medir desde luego que no corresponde a la eficiencia y menos si se discrimina sin pudor a los ciudadanos de los municipios que optaron por la gestión indirecta, habitualmente más eficiente. O a lo mejor en el fondo de lo que se trata es de una maniobra destinada a mantener el funcionamiento de los Consorcios
Se discrimina a los ciudadanos de los municipios que optaron por la gestión indirecta
que en su día se pusieron en marcha y cuya actividad se pretende mantener. Porque nada concreta el Proyecto sobre los criterios mínimos objetivos que deben informar y justificar la creación y determinación de tales sistemas supramunicipales de gestión del ciclo urbano del agua, como tampoco alude a criterios de eficiencia. El compromiso de actuar de acuerdo con criterios de eficiencia es una obligación general para todas las Administraciones Públicas que queda reflejado claramente en la Constitución, la eficiencia también es especialmente relevante en el ámbito de los servicios públicos locales a través de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Esta eficiencia resulta más relevante si cabe en un momento como el actual en el que nuestro Sector Público presenta un endeudamiento de en torno al 117% del PIB.
Lamentablemente, el pasado pone de manifiesto una nefasta gestión por parte de la Junta extremeña en materia de abastecimiento y saneamiento de agua. Los número hablan y partidas importantes para redes de abastecimiento y saneamiento de agua se han ejecutado a la mitad. Del programa de inversiones a través de los Fondos Feder 2014-2020 y una vez finalizado el plazo ordinario, todavía queda por invertir casi el 50% de los Fondos. Por no hablar de otra partida de 6 millones a disposición de la Junta dirigida a la innovación del servicio Partida en la que, año tras año, no se ha invertido ni un solo euro. Nunca salieron las convocatorias a pesar de la necesidad de invertir en la innovación del ciclo integral del agua. Sin inversión en infraestructuras no se gestiona el agua de una manera eficiente y sostenible.
Esta incapacidad para siquiera gestionar eficientemente a favor de los extremeños los fondos disponibles para mejorar el sistema de agua hace ridícula la pretensión hipercontroladora del nuevo Proyecto de Ley.