Bankinter e Ibercaja recurrirán la tasa a la banca y CaixaBank y BBVA lo evalúan
El sector rechaza en bloque un impuesto que Sabadell dice que pagará el cliente
La tasa aprobada por el Gobierno para recaudar 3.000 millones de euros en dos años con cargo a la banca acabará en los tribunales en menos de tres meses salvo cambios radicales en su diseño al pasar por el Senado, algo que el sector no espera. “¿Vamos a recurrirlo? Al día siguiente de pagarlo. Lo tengo clarísimo”, avanzó ayer la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, durante el XIII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión. “Es muy probable que Ibercaja lo recurra en los tribunales porque creemos que no asiste la razón”, agregó el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, tras juzgarlo “injusto”, “poco proporcionado”, “arbitrario” y que “contraviene el principio de derecho”. Sus homólogos en CaixaBank (Gonzalo Gortázar) y BBVA (Onur Genç) deslizaron que lo analizarán, sin descartar dar el mismo paso; y el ejecutivo del Sabadell, César González-Bueno, auguró que acabarán pagándolo los clientes.
Las primeras demandas llegarán, por tanto, ya en febrero. La nueva tasa aplicará un tipo del 4,8% sobre las comisiones e intereses que generen las entidades en 2022 y 2023, con el abono del 50% de recargo en febrero y la cantidad restante en septiembre. No podrá deducirse y la ley impide repercutirlo a clientes, bajo riesgo de recibir sanciones por el 150% del importe trasladado.
El rechazo del sector es radical desde su mismo anuncio, pero la queja ha escalado tras su aprobación la semana pasada y ya admiten que acabará judicializado. “La base de su formulación es endeble y no responde a ninguna justificación técnica”, afirmó Dancausa y reclamó “luchar por tener un sistema tributario sólido”, “que responda a razones técnicas” y “sin alentar populismos”. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, criticó su tramitación como proposición de ley, sin consulta pública y sin los informes preceptivos. “Hemos sido muy claros, hemos pedido la retirada. Nos parece que no es el momento, que tiene un impacto clarísimo sobre la economía, el empleo y sobre millones de accionistas que han invertido sus ahorros en el sector y es malo para la seguridad jurídica y confianza”, agregó. El presidente de KPMG, Juanjo Cano, pidió, sin mencionar al tributo, que “las decisiones regulatorias y fiscales que se adopten en este contexto incierto y volátil no comprometan los resultados” porque la banca es “clave”.
Los banqueros aseguraron, en bloque, que drenará crédito y afectará, en última instancia, al PIB. “Va a detener el crecimiento de España” y “va a dañar la capacidad de inversión del sistema bancario”, vaticinó Onur Genç (BBVA). “No es la mejor forma de combatir la inflación”, añadió el consejero delegado del Santander en España y responsable de Europa, Antonio Simôes, augurando que dejarán de prestarse 50.000 millones. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, apuntó que en la entidad hay una “obligación fiduciaria” de adoptar medidas para defender los intereses de sus accionistas, mientras Manuel Menéndez (Unicaja), refirió que “los objetivos recaudatorios se podrían encauzar de otra manera más justa y más equitativa”. González-Bueno (Sabadell) reparó en el contrasentido de que prohiba repercutir la tasa en precios cuando lo exige la Autoridad Bancaria Europea (EBA). “¿Y qué hacemos? ¿Con quién cumplimos?”, interrogó, convencido de que lo acabará pagando el cliente.